Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha solicitado por escrito al presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que cancele la hipoteca que pesa sobre el torreón de Lozoya, incluido como aval en el préstamo de 6,8 millones que solicitó Caja Segovia antes de la integración y que asume desde entonces la fundación homónima. Para la portavoz provincial de la formación magenta, Luciana Miguel, son los antiguos gestores de Caja Segovia los “verdaderos responsables” de esta operación y a quienes debe reclamar esta cantidad.
Miguel recordó que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia mantiene abierto el proceso conocido como caso Navicoas para aclarar por qué el Consejo de Administración de Caja Segovia aprobó en julio de 2012 concertar un crédito con el Banco Financiero y de Ahorro (BFA)-Bankia para cargar con la deuda tributaria de una sociedad de la que participaba en un 50 por ciento, Navicoas Asturias, que formaba parte del traspaso del negocio financiero precisamente a Bankia, dentro del proceso de integración. Para obtener aquel préstamo, además, la entidad segoviana incluyó como aval el torreón de Lozoya (s. XV), entre otros inmuebles.
La portavoz de UPyD incidió en que tres años después del inicio de este proceso han comprobado cómo la Fundación, “que es la heredera de la personalidad jurídica de lo que fue Caja Segovia y que tiene entre sus funciones continuar con la obra social”, tiene “verdaderas dificultades para su propia supervivencia”. Esto, según Miguel, choca con las acciones de la entidad financiera que “está utilizando este verano el acueducto para promocionar su imagen corporativa a un precio de saldo”.
Ante esta situación, y como “no se puede olvidar que el objetivo último de UPyD es que se reponga el daño causado a los ciudadanos”, desde el partido político se envió a mediados del mes de agosto una carta a Goirigolzarri en la que solicitaban la anulación del préstamo. Además, también solicitaban la devolución de los intereses devengados hasta este momento, una cantidad que asciende a unos 160.000 euros.
“Por otro lado, planteamos que la entidad no asuma la pérdida como tal, sino que proceda contra los verdaderos responsables de esta hipoteca, que son los antiguos gestores de Caja Segovia, y que asuman ellos el coste de la hipoteca y no los ciudadanos como está ocurriendo hasta ahora”, añadió.
Miguel subrayó que Bankia tiene “los medios y las posibilidades como entidad financiera para ejecutar estas dos peticiones”. “Si la finalidad de utilizar el acueducto es lavar su imagen corporativa, pues la mejor manera de velar en definitiva por los intereses de los accionistas es cancelar el crédito que tiene ahogada a la Fundación y que daría muchísimo más beneficio que varias hipotecas juntas”, destacó.
Respuesta de Bankia
De momento, la entidad financiera ha respondido a través de un correo electrónico, “donde no menciona absolutamente nada, es casi el acuse de recibo y no ofrece ninguna alternativa ni solución a la esencia de nuestra carta”, detalló Miguel, que no descartó reunirse con responsables de Bankia para conseguir este objetivo.
El crédito concertado con el Banco Financiero y de Ahorro (BFA)-Bankia en 2012 se suscribió con una carencia de cinco anualidades. Así, hasta 2017 la fundación sólo abona los intereses (unos 162.000 por ejercicio), pero a partir de 2018 tendrá que pagar un millón y medio de euros cada año, unas cantidades a las que actualmente no podría hacer frente.
Respecto al otro proceso abierto en el Juzgado de Instrucción número 2 de Segovia por las posibles irregularidades detectadas en la dotación de los planes de pensiones, prejubilaciones y otros conceptos retributivos de los directivos de Caja Segovia, Miguel indicó que está “estancandísimo”. “Va a hacer tres años ahora desde que iniciamos el procedimiento y seguimos en la fase de instrucción”, recalcó.
Imagen del Torreón de Lozoya. R.Blanco-ICAL
