Los 21 pueblos segovianos que nunca han rendido cuentas ante el Consejo
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A pesar de los cesfuerzos desplegados por parte del Consejo de Cuentas, en la actualidad todavía existe un total de 21 localidades en la provincia de Segovia, de las 209 existentes, que nunca han presentado sus cuentas desde 2004. En todo Castilla y León, la cifra alcanza los 150 municipios. Cifra, sin embargo, que se ha reducido en 30 ayuntamientos desde que en junio del presente año la Institución hiciese pública por primera vez la relación de los ayuntamientos que no habían cumplido con la referida obligación legal y requiriese por escrito la subsanación de esta situación. Los municipios de la provincia de Segovia que todavía nunca han presentado sus cuentas son: Mozoncillo, Cabezuela, Navafría, San Pedro de los Gaíllos, Torrecilla del Pinar, Fuente el Olmo de Fuentidueña, Navalilla, Valle de Tabladillo, Condado de Castilnovo, Urueñas, Gallegos, Puebla de Pedraza, Castroserracín, Bercimuel, Encinas, Castro de Fuentidueña, Sequera de Fresno, Calabazas de Fuentidueña, Castrojimeno, Pajareros y Aldealcorvo.
Multas personales para quienes no presenten los números de sus ayuntamientos
El Consejo de Cuentas plantea que, en caso de incumplimiento del deber de colaboración o de rendición de cuentas, después de los requerimientos efectuados por la Institución, y analizadas las circunstancias, puedan imponerse multas coercitivas a los responsables.
El presidente del Consejo defiende la medida porque «transcurridos diez años desde la aprobación de la ley que regula la institución, es necesaria una adaptación a los nuevos tiempos” que permita reforzar el principio de transparencia, desarrollar una gestión austera e imprimir la mayor agilidad posible a los trabajos de fiscalización mediante el acortamiento de plazos.
“No podemos ser inmovilistas. La justificación de la existencia del Consejo de Cuentas no tiene que ser solo de carácter legal, es decir, basada en su respaldo estatutario, sino por la utilidad que aporta a la sociedad, y por su capacidad de dar respuesta a las inquietudes que tienen los ciudadanos para conocer de modo veraz, objetivo y riguroso cómo se gestionan los recursos públicos. Esta clase de órganos de control externo ha de estar al servicio de la sociedad, por lo que ha de adaptarse a las demandas de cada momento, que hoy día requieren más transparencia, austeridad, eficacia y eficiencia del conjunto del sector público”, argumenta.
