Las Cortes de Castilla y León han aprobado, con los votos de todos los grupos parlamentarios, una Proposición no de Ley, formulada por el Grupo Mixto y con un nuevo texto consensuado, para pedir a la Junta que continúe negociando con las universidades públicas de Castilla y León el nuevo mapa de titulaciones y la reforma de sus estructuras administrativas y que dé audiencia a los agentes económicos y sociales en su negociación.
Además, han pactado que el Gobierno autonómico lleve a las Cortes antes de su aprobación dicha reforma y que acuerde con las universidades su calendario de aplicación. Todos los grupos políticos en el Parlamento autonómico han coincidido en señalar la necesidad de elaborar un nuevo mapa de titulaciones que evite duplicidades y cree sinergias entre universidades, tal y como señaló la procuradora del PP Isabel Blanco, en su turno de fijación de posición a la PNL presentada por el Grupo Mixto y defendida por el leonesista Alejandro Valderas.
Sin embargo, ha sido el socialista Fernando Pablos quien ha marcado la nueva propuesta de resolución, que ha sido aceptada tanto por el PP como por el Grupo Mixto, y ha subrayado que se trata de un proceso que ya está en marcha para su modificación, que considera “razonable”, y donde es preciso que se dé audiencia a los agentes económicos y sociales, pero también ha remarcado la relevancia de que llegue antes de su aprobación a las Cortes para que los grupos puedan dar su opinión.
Asimismo, aunque la primera propuesta que ha defendido Valderas hablaba de un calendario de aplicación de tres ejercicios económicos, finalmente se aprobó que sea la Junta con las universidades quien negocie la aplicación de dicho mapa, que persigue “evitar duplicidades y ahorrar gastos”, se gún Valderas, y la reforma de las estructuras administrativas.
En los mismos términos se ha expresado la ‘popular’ Isabel Blanco, quien recuerda que España tiene un exceso del 13 por ciento en la oferta de titulaciones, al tiempo que hay 79 universidades en el país y ninguna está entre las 150 mejores del mundo. “El sistema necesita un impulso y una reforma para buscar la excelencia, la competitividad y la internacionalización”, ha remarcado.
Financiación
Donde no hubo acuerdo fue en una moción previa sobre financiación universitaria, que fue presentada por el procurador Fernando Pablos pidió el apoyo para que se dejen sin efecto los recortes financieros a las universidades de Castilla y León durante el próximo curso por considerarlo “injusto”, al tiempo que las tasas solo suban el IPC y la aprobación antes de final de 2012 de un nuevo sistema de financiación para las universidades con un tramo competitivo pero garantizando la cobertura del 100 por 100 de los gastos de personal.
También solicitó la aprobación de un calendario de convocatorias relacionadas con la política de estímulos a la investigación científica vinculada a las universidades, y la negociación con el Gobierno para el mantenimiento de los programas de consolidación de investigadores Ramón y Cajal y el ‘I3’, con cofinanciación de la Comunidad.
Aunque sí fue apoyada por el Grupo Mixto, según detalló Alejandro Valderas, el ‘popular’ José María Bravo, quien remarcó que la búsqueda de la eficiencia del sistema universitario es el objetivo de la Junta y para ello creó instrumentos como el contrato-programa 2007-2010 o la puesta en marcha de el modelo de control financiero. Además, recordó al socialista que las medidas que planteaba en su moción tendrían un coste de 30 millones de euros que ahora mismo el Gobierno regional no puede asumir.
