Caja Rural de Segovia a través del Banco Cooperativo Español, ha sido designada por el ICO, para canalizar los préstamos de la línea abierta por este organismo, encaminada a dotar de liquidez a los Ayuntamientos, para hacer frente al pago de facturas pendientes con su proveedores, pymes y autónomos.
La deuda que acumulan los Ayuntamientos con sus proveedores es uno de los aspectos de la crisis más problemáticos. Es por ello, por lo que el ICO ha habilitado una línea de crédito, dotada con 3.400 millones de euros, que permitirá a los Ayuntamientos hacer frente al pago de las deudas contraídas por suministros, obras y servicios prestados con autónomos y empresas.
Con esta medida se pretende conseguir que muchos Ayuntamientos se pongan al día en cuanto a pagos pendientes, aliviando asimismo las tensiones de liquidez que tienen muchos empresarios.
La designación por parte del ICO, de incluir al Grupo Caja Rural, a través del Banco Cooperativo Español, dentro del selecto club de siete grandes grupos financieros del panorama nacional para tramitar la Línea de Financiación Directa ICO-Entidades Locales, reconoce el compromiso de Caja Rural de Segovia y del Grupo Caja Rural con las empresas y autónomos y pone de manifiesto la confianza que en ellas depositan las instituciones.
Línea ICO-Entidades locales
La Línea ICO-Entidades Locales se puso en marcha como consecuencia del Real Decreto Ley de impulso a la sostenibilidad de las cuentas públicas y la protección social aprobado el pasado mes de julio por el Consejo de Ministros, cuyo objetivo es aliviar la situación de muchos autónomos y pequeñas empresas que, ante la actual coyuntura económica, se encuentran con un grave problema para liquidar sus derechos de cobro por suministros, obras y servicios realizados para entidades locales.
El importe susceptible de financiación, junto con los intereses estimados de la operación de crédito, no podrá exceder, en ningún caso, el 25% del importe anual de las entregas a cuenta de la participación de cada entidad local en los tributos del Estado del año 2011. Las entidades locales deben liquidar el préstamo en un plazo máximo de tres años y, si no lo hicieran, el Ministerio de Economía y Hacienda efectuará las retenciones que procedan a favor del ICO con cargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer la participación de aquéllas en los tributos del Estado.
