El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la disposición final de la Ley de Economía Sostenible, ley Sinde, con 323 votos a favor de PSOE, PP y CIU, 19 en contra de PNV, ERC, BNG, ICV, UPyD y CC, y una abstención.
La ley, que había sido rechazada en esta cámara el 21 de diciembre, volvió a ser rescatada por Gobierno, PP y CiU, y tras su aprobación en el Senado, con 244 votos a favor, y 12 en contral, y su ratificación en el Congreso, habrá que esperar a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, momento en el que el Ministerio de Cultura iniciará el desarrollo normativo de la ley antidescargas y constituir la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano que regula las denuncias por los contenidos expuestos en la red ilegalmente, que podría ponerse en marcha de forma operativa este verano, según adelantó la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde la semana pasada.
Los nuevos matices, informa Ical, que toma esta ley pasan por la intervención del juez desde el primer momento del procesos y la inclusión de cada uno de los miembros que compondrán la Comisión de Propiedad Intelectual que actuará de «árbitro» y examinará las denuncias sobre las webs que incumplan los derechos de autor. Además, se suma a la enmienda la determinación de que todo el cierre de webs exigirá una autorización judicial, que en el caso de ser aceptada por el Juzgado obligará a las páginas a facilitar los datos para su identificación. Un proceso que puede extenderse al menos díez días hasta el cierre de la web. En su caso, las páginas de la red, podrán retirar voluntariamente sus contenidos en un plazo no superior a 48 horas o alegar las razones de su disconformidad. Así se cerraría el proceso de una ley que está dando mucho de que hablar.
