María Labarga, 42 años, nacida en Tortosa, provincia de Tarragona, un 29 de septiembre de 1968. Nadie o casi nadie pone en duda que los datos que aparecen en su DNI sean ciertos. María tampoco lo hizo. Pasó parte de su vida con la certeza de que éstos eran verdaderos, al menos válidos, como le aseguró su madre una y otra vez cuando ella sospechó que podría ser adoptada por el escaso cariño y poco parecido físico que mantenía con su progenitora. Pese a ello, esta catalana que vive desde los dos años en tierras burgalesas descubrió hace cuatro que sus padres le habían comprado a una matrona de Benicarló (Castellón) por unas 200.000 pesetas, “el valor que por aquel entonces tenía un piso”, confesó en declaraciones a la Agencia Ical. Comprendió entonces que la que decía ser su madre, no sólo no lo era, sino que se había hecho con una criatura “de la misma forma que quien acude a una subasta y elige al mejor postor”.
María es el número 21 de Anadir (Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares) un colectivo que reúne actualmente a 250 niños robados entre 1960 y 1985, del que forma parte un grupo de personas que sólo desea saber quiénes son y qué personas se lucraron con sus ventas. Precisamente, con este objetivo, la Asociación presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en Madrid el próximo 27 de enero, con el ánimo de que “se haga Justicia y paguen quienes tengan que pagar”.
No lo sabe bien, pero María cree que tiene dos vidas. La primera la pasó junto a su familia hasta los 38 años bajo los apellidos Labarga Vivanco. La segunda empezó en el momento en que una hermana de su madre, Josefa Vivanco, le confesó que, como ella misma sospechaba desde los 12 años, era una niña adoptada. Fue entonces cuando María le preguntó a su madre la verdad y ésta le contestó “lo de siempre”, que había nacido en la clínica La Alianza de Tortosa, situada en la calle Teodoro González. María no creyó los argumentos de su madre y comenzó a investigar por su cuenta. Lo primero que hizo fue recabar información sobre la clínica y su primera sorpresa llegó cuando un empleado de la misma le confirmó que el sanatorio nunca había existido en la dirección que figura en su partida de nacimiento. Tras confirmar la primera de las mentiras en las que se había visto sumida su vida, se desplazó hasta la localidad tarraconense y confirmó que en el lugar de la calle en la que supuestamente había llegado al mundo no había habido nunca una clínica, sino una pensión: ‘La Fonda Gas’, según datos del catastro de la época al que tuvo acceso.
Borrado de memoria
Ávida de información, María habló con todos vecinos de la calle y todos le confirmaron lo mismo: que en el año 1968 había una pensión regentada por una vecina que vive ahora cerca de la misma llamada Dolores Riera. Localizó a la dueña de la fonda gracias a las fotos de su bautismo, en las que casualmente aparecen la propia Dolores Riera, la hija de ésta, que por aquel entonces tenía doce años, sus padres adoptivos y sus padrinos, dos vecinos de Benicarló, hijos de Pilar Conesa, matrona que “supuestamente” se lucró con la venta del bebé, también retratada en la instantánea. La dueña de la pensión le aseguró no recordar que ninguna mujer hubiese dado a luz en aquel lugar en septiembre de 1968, y la hija de ésta pareció olvidar la fecha del bautismo y los recuerdos del mismo. “A todos parece que se les ha borrado la memoria, esconden algo y todos se encubren”, aseveró María.
Atenta a los datos que aparecen en su partida de nacimiento. María localizó a la comadrona que firmó la misma: Margarita Savater. “Me dijo que una comadrona de Benicarló llamada Pilar Conesa le había pedido el favor de certificar la partida porque un familiar suyo se había puesto de parto, la niña había nacido y ella no podía testificar el parto en Tortosa porque no era de su jurisprudencia”. María cree que Margarita pudo ser la primera engañada de esta trama, porque sus sospechas le hacen pensar que Pilar Conesa, fue la que dirigió toda la trama. Precisamente, el rostro de Pilar Conesa es uno de los que aparece en la celebración de su bautismo, celebrado en la Fonda Gas, y del que la hija matrona de Benicarló actuó como madrina, a pesar de que, según le confirmaron familiares de la propia Pilar Conesa, ya fallecida, recientemente a María, “no conocía a los padres de María ni mantenía relación alguna con ellos”. “Son muchos los que dicen que esta mujer amasó una verdadera fortuna con la venta de niños en aquella época y todo el mundo debe saberlo y señalarle con el dedo”, denunció.
¿Quién soy?
María no sabe si fue robada de las manos de su madre biológica, o si por el contrario su madre la abandonó. No le importa. La única certeza que tiene es que sus padres la compraron por el valor que por aquel entonces tenía un piso y que fue Pilar Conesa quién se lucró con el trato. Sus padres adoptivos vivían por aquel entonces en el municipio de Benicarló, donde supuestamente Josefa Vivanco vivió un embarazo que nadie presenció, y de donde escaparon un año después “huyendo de algo”, declara María. El matrimonio, que rondaba ya la cuarentena y acababa de tener su primera hija, se mudó hasta la localidad burgalesa de Medina de Pomar donde el padre de María consiguió un buen empleo en el silo y donde la niña pasó una infancia “llena de mentiras y de poco cariño” por parte de su madre.
La mayor parte de los socios de Anadir fueron separaros de sus madres a los pocos minutos de nacer. Empleados de las clínicas en las que daban a luz, confabulados con matronas, enfermeras y monjas, hacían creer a las madres que sus hijos habían nacido muertos, hecho que provocaba el rechazo de muchas mujeres a ver el cadáver de su hijo. “El hospital decía que se hacía cargo del cuerpo del bebé, que corría con los gastos del entierro y las madres no sospechaban que sus hijos estuviesen vivos y fuesen a parar a manos de otros matrimonios que no podían tener hijos”, argumentó María.
Miles de bebés vendidos
A pesar de que el caso de María es el único confirmado en toda Castilla y León, la Asociación considera que pueden ser miles los casos de adultos sin identidad que puede haber actualmente en España. “Hacemos un llamamiento a todas aquellas personas que son hijos únicos, que nacieron entre 1960 y 1990, cuyos padres les tuvieran a edades avanzadas y en extrañas circunstancias”, explicó María, quien considera que es necesario que aquellas mujeres que dieron a luz en clínicas sin anestesia, con pocos recursos y a quienes se les dijo que sus hijos fallecieron en el parto “salgan a la luz y demanden la verdad, porque es probable que sus hijos fuesen robados”.
El robo de bebés, la suposición de embarazo y la falsedad de documento público son algunos de los delitos, tipificados en el Código Penal, que podrían conllevar penas de hasta seis años de cárcel para quienes los cometieron. El abogado que interpondrá la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, Enrique Vila, explicó a la Agencia Ical que “los delitos no han prescrito y que se puede perseguir a los culpables”. El letrado entiende que estos delitos se mantienen en la actualidad, ya que los padres adoptivos no han cambiado los datos en los registros civiles, “por lo que siguen encubriendo una falsedad”. Vila, especializado en este tipo de casos, confía en que el Fiscal General admita a trámite la denuncia de los miembros de Anadir, y remita a las Fiscalías regionales la documentación necesaria para que éstas investiguen cada uno de los casos como ya han iniciado algunas en Málaga y Algeciras.
El abogado se encuentra confiado en que las personas que asistieron a estos “secuestros” paguen por ello, aunque entiende que muchos de los encubridores de estas tramas son personas que superan los 70 años y a quienes un juez podría aplicarles el tercer grado.
María no quiere ver a su madre adoptiva en la cárcel, le vale con que “la gente sepa lo que ha hecho y le señale con el dedo”. No existe rencor, sólo decepción y espera. Una espera que se mezcla con una lucha que mantendrá hasta el día que se muera. “Sólo quiero saber quién soy y quién es mi madre”, confiesa.
