Las Cortes de Castilla y León han ratificado por unanimidad el decreto ley que traslada las modificaciones de la Ley de Cajas estatal al ámbito autonómico y en el que se reduce la presencia de políticos, tanto electos como altos cargos de las administraciones públicas, y se endurece el régimen de incompatibilidades para acceder a los órganos de gobierno de las cajas, en los que no podrán ser elegidos presidentes ni miembros del consejo de administración personas con operaciones financieras vinculadas a la caja participada.
El vicepresidente económico y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, presentó las novedades que recoge la normativa, respaldada por los tres grupos políticos de las Cortes, PP, SOE y Mixto, hecho que el ‘popular’ Raúl de la Hoz agradeció por entender que es un valor para la reestructuración a la que está sometido el sistema financiero tanto en Castilla y León como en España, informa Ical.
Previamente, Villanueva destacó que la Junta no ha agotado el plazo de seis meses que tenía para adaptar la norma estatal al ámbito autonómico y subrayó el régimen de incompatibilidades que se regulan para la elección de unos órganos más profesionales, donde pierden peso los cargos políticos y los empresarios vinculados por negocios a las cajas en las que están.
También, resaltó que la norma autonómica respeta los dos años que se han dado Caja Duero y España para completar la fusión, que explicó en el hecho de dar estabilidad ante el reto de afrontar una nueva reestructuración en su estructura y órganos que da origen a la caja más importante en volumen de Castilla y León.
El “sí” del Grupo Socialista, expuesto por Emilio Melero, se sustento en las competencias de la Comunidad en el ámbito financiero, en que se asienta en el decreto estatal aprobado por mayoría en el Congreso, en que los cambios recogidos respetan la Constitución y en que el objetivo último es preservar la estructura y fines de las cajas en beneficio del interés general.
También, el portavoz del Grupo Mixto, Joaquín Otero, aplaudió los cambios normativos recogidos en el decreto ley y calificó de “digno de mención” el régimen de incompatibilidades para ser presidente, la rebaja en la representación de los grupos políticos o la canalización de la obra social a través de una fundación.
No obstante, estimó que “no es una buena noticia” la unión de las cajas de Ávila y Segovia con el SIP que lideran Caja Madrid y Bancaja justo cuando se ha aprobado una nueva normativa. “Terceras pueden acabar con ellas, salvo el veto de la Junta”, recordó, al tiempo que urgió a Duero y España a elegir el “mejor” presidente y “cuanto antes” para la caja fusionada, y “sí es de León, que debería serlo, mejor que mejor”.
A la incompatibilidad estatal sobre la presencia en los órganos de las cajas de políticos electos y altos cargos de la Administración central, autonómica y local, la Junta extiende la prohibición para que en la presidencia y en los consejos de administración haya personas que tengan operaciones, créditos, avales u garantías con la entidad a la que pretenden representar.
Menos presencia pública
La normativa estatal reduce la presencia pública en los órganos rectores del 50 al 40 por ciento, cuyo 10 por ciento la Junta de Castilla y León regula para dar más presencia a los grupos de impositores y entidades de interés general o entidades de interés colectivo. Así, impositores representarán en los órganos un 5 por ciento, al pasar del 32 actual al 37 por ciento, mientras que las entidades de interés general aumentan un 5 por ciento hasta llegar a un 10 por ciento total de presencia, cuyo del que la mitad (cinco por ciento) se destina, por primera vez, a los miembros del Consejo para el Diálogo Social. Por otro lado, Cortes y corporaciones municipales pasan del 47 actual al 37 por ciento, con el 16 sobre el 15 para las primeras.
También, refuerza la norma autonómica la mayoría por las que las asambleas deberán aprobar fusiones, integraciones en el sistema institucional de protección o la transformación de una caja en una fundación especial, de manera que de los dos tercios actuales se pasa a los cuatro quintos para adoptar acuerdos en esa dirección.
Igualmente, el decreto ley regula un perfil más profesional para los miembros de los órganos rectores, de manera que el 50 por ciento de las personas propuestas por cada uno de los grupos de representación deberá tener conocimientos de alta administración, dirección, control o asesoramiento a través de trabajos realizados al menos durante cinco años en las entidades. De este perfil se excluye a los empleados, si bien en el caso de los propuestos por las Cortes afecta a la totalidad de los propuestos para entrar en las cajas.
Con esta ley se pretende, en palabras del vicepresidente, dos objetivos: facilitar instrumentos a las entidades de ahorro para mejorar sus niveles de capitalización y profesionalizar la gestión de los órganos de gobierno.
Villanueva destacó que la Junta ha acelerado la aprobación de esta norma para dotar a las cajas de seguridad jurídica en el proceso de reestructuración y porque la renovación de los órganos rectores estaba previsto a partir del 1 de septiembre con lo que se evita otro proceso electoral a comienzos de 2011, como recoge la norma estatal.
