La Subdelegación del Gobierno en Segovia abrió seis expedientes que sancionan con 300,52 euros a diferentes miembros de la Plataforma Unitaria contra la Crisis Cumbre Social de Segovia, por la irrupción en la sede de Bankia durante la jornada de huelga general del pasado 14 de noviembre y por «intento de altercado público grave» . Más de 80 personas se concentraban de forma espontánea en la sede de la entidad tras participar en una manifestación, lo que según fuentes de la Subdelegación del Gobierno incumple la ley de protección de seguridad ciudadana, que establece la obligada comunicación a la institución de concentraciones con más de una veintena de participantes.
A la vez que solicitaron la dimisión de la subdelegada del Gobierno en Segovia, Pilar Sanz García «por mentir», la Plataforma denunció hoy que los manifestantes expedientados, están siendo víctimas de la «represión» del Gobierno a través de una denuncia «basada en la mentira» y que se impuso sin pedir ninguna documentación e intencionadamente a diferentes representantes de las asociaciones que componen la Plataforma. «Creo que se nos ha elegido aleatoriamente para que quién esté hablando aquí se alguien que lleve tatuajes y pelo largo», lamentó Óscar Sancho, uno de los sancionados y representante de CCOO en la Plataforma.
Sancho, incidió en que no existió «intento de altercado público grave» ni intento de entrar en la zona de oficinas de la entidad y que tampoco hubo forcejeos ni con el personal de seguridad, ni con la policía que hasta el lugar se desplazó posteriormente. «Mi único delito es celebrar el éxito de la lucha obrera. Ni intenté entrar en ningún sitio, ni fui causante de escándalo público ni fui identificado», aseveró.
En contraposición de los argumentos de la Subdelegación del Gobierno quien explicó a Segoviaudaz.es, que se trata de «conciliar el derecho de los manifestantes y de los no manifestantes», la Plataforma incidió en que los participantes actuaron con «acciones no violentas» y que en todo caso, «no hubo la más mínima tensión». Además, hicieron alusión a las declaraciones del Delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, quien aseguró durante su comparecencia para explicar la ausencia de grandes incidientes durante la marcha de la jornada de huelga general, por lo que manifestaron «no entender» los expedientes sancionadores abiertos. «No éramos alborotadores», insistirá Soledad Sacristán, representante del 15M, que no ha sido expedientada.
En este sentido, aseguraron que los servicios jurídicos estarán a disposición de posibles sancionados que desconozcan porque, en sus palabras, «es de justicia que la ciudadanía se encuentra protegida», y aseguraron que en la actualidad se encuentran en periodo de alegaciones que complementarán con medidas de movilización social.
Junto a miembros de otros colectivos que integran la Plataforma como el Foro Social de Segovia, 15M, Izquierda Unida o Segoentiende, la organización anunció la convocatoria de una concentración el próximo 23 de febrero que partirá desde el edificio sindical a las 19:30 horas. Bajo el lema ‘Contra el paro, la corrupción, los recortes y la represión. Por la democracia y el trabajo, Gobierno dimisión», recorrerán la Avenida Fernández Ladreda recalando en la sede de Bankia hasta llegar al Acueducto, y posteriormente dirigirse hacia la calle Real hasta la Biblioteca Pública. Allí, la concentración pretende desviar su recorrido por detrás del edificio para dirigirse hacia la sede de la Subdelegación del Gobierno en Segovia en donde, tras una parada, se dirigirán a la Plaza Mayor de la capital.