La Ley de Integración de los Inmigrantes en la Sociedad de Castilla y León reconocerá como derecho y deber del colectivo conocer la lengua oficial, como factor “esencial” de su integración, para lo que la norma obligará a los poderes públicos a fomentar su aprendizaje y uso por medio de la organización de cursos, talleres y convenios con entidades públicas o privadas que se dediquen a la formación lingüística para lograr su integración plena. Así lo recoge el anteproyecto de Ley de la normativa, a cuyo borrado tuvo acceso Ical.

Asimismo, incluye el derecho a la educación en igualdad de condiciones que los ciudadanos de Casilla y León. En este apartado, en el caso del segundo ciclo de Educación Infantil, que tiene carácter voluntario, la norma garantizará la existencia de plazas suficientes para asegurar la escolarización de la población que lo solicite. Mientras, en la enseñanza post-obligatoria se facilitará el derecho a acceder a estas etapas de educación, a la obtención de las titulaciones que correspondan a cada caso, y al acceso al sistema público de becas y ayudas.

Además, tendrán especial consideración en el sistema educativo aquellos inmigrantes menores de edad con necesidades específicas de apoyo educativo, así como aquéllos que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad por razones de salud, abandono, marginación o exclusión social. El ingreso de los inmigrantes menores de edad al sistema educativo de Castilla y León se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico para garantizar su integración educativa. Mientras, en el desarrollo de programas educativos para inmigrantes, tendrán especial consideración la enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana y de la cultura castellana y leonesa, así como el desarrollo de actividades interculturales y de convivencia en el ámbito educativo.

 

Antecedentes

La norma nace al amparo de los fenómenos migratorios que comenzó a experimentar la Comunidad desde mediados de los años 70, y que se agudizó en los años 80, con un ritmo acelerado notorio en los 90, hasta el punto de que en esta última década se registraron aumentos anuales por encima del 20 por ciento.

En concreto, en 2009 había en la Comunidad 167.641 inmigrantes, lo que representa un incremento de 12.839 personas, más del ocho por ciento con respecto al año anterior. Respecto al peso del colectivo en la población de la Comunidad, supone un 6,54 por ciento del total, aún lejos de las cifras en el ámbito nacional (12,08 por ciento), pero con un incremento muy acusado, especialmente en los últimos años.

La futura Ley, según el borrador consultado por Ical, se estructura en un título preliminar y tres títulos, con un total de 47 artículos y cuatro disposiciones. Sus principios rectores pasan por la adaptación continua de la política de inmigración de los poderes públicos de Castilla y León a la realidad del fenómeno de la inmigración, y articulación eficaz de los medios y formas de colaboración para aprovechar la totalidad de los recursos públicos de que disponen o puedan disponer, garantizando su aprovechamiento responsable, coordinado y eficiente.

También se guía por la aplicación de la política de integración de los inmigrantes de forma transversal e integrador; la garantía del principio de igualdad de trato entre los inmigrantes respecto a los ciudadanos castellanos y leoneses en el ejercicio de los derechos y deberes establecidos, junto a la promoción y fomento de la participación en los asuntos públicos de los inmigrantes para la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

 

Salud

Por lo que respecta al derecho a la salud, la Junta tendrá que promover el conocimiento y la información sobre el acceso y funcionamiento del sistema sanitario entre la población inmigrante, y se le garantizará una asistencia sanitaria adecuada a sus necesidades, y se potenciará la capacitación y conocimiento del personal sanitario sobre sus características sociológicas, culturales y de idioma. Además, se prevén programas específicos de prevención y promoción de la salud dirigidos a personas inmigrantes, especialmente mujeres y menores.

Asimismo, entre los derechos del colectivo de inmigrantes, la norma establece los de integrarse en la sociedad castellana y leonesa, para lo que los poderes públicos trabajarán en este sentido y lo integrarán como objetivo de integración en sus políticas y servicios públicos; a participar en los asuntos públicos; derecho de petición; a la información; al tratamiento imparcial y objetivo, y al buen funcionamiento de la Administración.

También figuran los derechos de acceso a los servicios sociales, al movimiento asociativo y en materia laboral, además del que les permite recibir ayudas para el acceso a una vivienda, a la reagrupación y mediación familiar. Finalmente, se incluyen los derechos a la cultura y patrimonio cultural, y al derecho al deporte y al ocio.

 

Deberes e instrumentos

Por lo que respecta a los deberes, se fijan el de respetar la leyes y reglamentos; contribución al sostenimiento del gasto público; al uso responsable y solidario de los bienes y servicios públicos; a conocer la lengua castellana; a la escolarización; al respeto y a la cultura de la sociedad de acogida; a respetar el medio ambiente y los recursos naturales; a colaborar en situaciones de emergencia y catástrofe, y a respetar el patrimonio cultural.

La norma establece que la Junta deberá aprobar un plan estratégico plurianual en el que se establecerá el marco, los programas y las directrices y líneas de actuación para la consumación de la plena integración económica, social y cultural de la población inmigrante. Para ello, deberá articular convenios y acuerdos de diversa índole, así como promover ferias, congresos y seminarios, además de convocar programas de ayudas para financiar actuaciones privadas en el ámbito asociativo que sirvan para cumplir los objetivos de integración.

La articulación de estas medidas implicará al conjunto de consejerías de la Junta, representadas en la Comisión interconsejerías para el seguimiento de la planificación en materia de inmigración, al tiempo que se crea un foro para la integración social de los inmigrantes y un observatorio permanente.