La exconsejera y exmiembro de la Comisión de Control de Caja Segovia Dolores Romero denunció ayer, en la tercera sesión de las prejubilaciones, que en la primavera de 2011 el director general en funciones de la entidad Miguel Angel Sánchez Plaza les pidió “un acto de fe” para creerse que los exdirectivos se habían prejubilado con las mismas condiciones que el resto de empleados. Romero dimitió de sus cargos cuando, unos meses después, les dieron, “por primera vez”, las cifras exactas de las retribuciones y sentirse “engañada”.

Dolores Romero, que declaró en calidad de testigo, aseguró tener la impresión de que “nos engañanaron a todos” porque el plan de prejubilaciones del comité de dirección con un porcentaje, el ya famoso 74,7 por ciento, “no significaba nada” y no fue hasta después, “a toro pasado”, cuando supo que “sólo para una persona” había “una dotación de más de 5 millones de euros”, que corresponde a la cantidad dada en este juicio para la prejubilación del exdirector general de Caja Segovia, Manuel Escribano.

Romero explicó que al publicarse en los medios las cantidades personales de cada exdirectivo, reclamaron una reunión con el presidente de la entidad, Atilano Soto, en la que estuvo el director general en funciones, Sánchez Plaza, puesto que la entidad ya había transferido los activos al BFA. Fue en este marco, en el que se les dijo que hicieran “un acto fe” y que se creyeran que los directivos se había prejubilado con las mismas condiciones que el resto de empleados.

Durante el interrogatorio de las acusaciones y las defensas, Romero sostuvo que los exconsejeros y exmiembros de la Comisión de Control, aprobaron el plan de prejubilaciones de 2006 y las posteriores modificaciones en 2008 y finales de 2010, “amparados en la buena fe” de que los directivos de la Caja “obraron de buena fe y “eso daba confianza”, pero al mismo tiempo, deslizó acusaciones claras y directas de presiones y coacciones ya que si “un tema espinoso” no salía por unanimidad se dejaba para otra reunión.

Según la exconsejera, nunca les dieron “documentación previa” y se lo explicaron de palabra pero “nunca se habló de cantidades” y tampoco supo, en los nueve años que estuvo en los órganos de dirección de la caja, cuál era el sueldo de los integrantes del comité de dirección, porque siempre le denegaron esa información que solicitó varias veces, fuera de las reuniones del Consejo de Administración. Dolores Romero explicó que en 2006, al aprobar el plan de prejubilaciones, había 13 directivos pero luego pasaron a ocho, que fueron los que se repartieron las cantidades consignadas.

La exempleada y exconsejera de Caja Segovia llegó a decir que los consejeros del grupo de trabajadores no tenían el mismo trato que el resto de los consejeros y se marchó de la Caja  “impotente” y con la sensación de haber estado en la lucha de “David contra Goliat” y “ya no podía más”.

Los abogados de los acusados principales y los de a título lucrativo cuestionaron su testimonio y le reprocharon que no acudiera a los tribunales si tenía dudas y que como consejera de la Caja tenía la obligación y el deber de cuestionarse todos lo que se aprobada en los consejos de Administración y en la comisión de control. Romero declaró que podían llevar razón y “no ejercí mi responsabilidad” por dejarse llevar “por la buena buena fe y confianza en el equipo directivo”.

Diferentes versiones

Romero dio el testimonio más beligerante de los seis testigos de la sesión matinal, en la que los magistrados también escucharon a los exconsejeros de la entidad Sergio Gozalo, Miguel Ángel Antona, Manuel Berzal, Bonifacio García y José Pablo Lozoya.

En sus interrogatorios, se dieron versiones diferentes, porque unos exconsejeros explicaron que se les convocaba con antelación, que tenía toda la información de los acuerdos detallada y a su alcance, mientras que otros aseguraron que había una cierta inercia en aprobar “por asentimiento” todo lo que se les presentaban sin tener la documentación encima de la mesa y sin conocer los temas.

Bonifacio García afirmó que, aunque nunca se opuso a ningún punto del orden del día ni en el tema de las prejubilaciones, sí que hubo, a partir de 2008, una preocupación por los efectos que podría tener la crisis por las inversiones que la entidad estaba haciendo en el sector inmobiliario y desarrollo en otras provincias, pero que se quedaron “en agua de borrajas” porque nadie, incluido él mismo, hizo “una oposición dura” por la “relación de confianza” que había con el equipo de dirección.

En cambio, los exconsejeros Miguel Ángel Antona y José Pablo Lozoya afirmaron que no sospecharon nunca que se estuviera cometiendo ninguna irregularidad y que los objetivos de Caja Segovia era los mismos que los de otras cajas de ahorro de “coger mayor dimensión y mayor tamaño” y el Banco de España nunca les dio aviso alguno en “relación con los temas inmobiliarios”, expresó Antona.

Por su parte, José Pablo Lozoya dijo que en 2008 se hablaba de los posibles ajustes que en el futuro tendría que acometer el sector financiero español por los efectos de la crisis. En cuanto al plan de prejubilaciones “nunca notó nada raro” porque si lo hubiera visto “no lo habría votado” y que había muchos filtros donde “podía saltar las alarmas”, algo que nunca ocurrió.

En su opinion, “nunca se le ocultó información” con el objetivo de engañarle y que la modificación de 2010, que liberó a los altos directivos un año más para que se pudieran acoger a la prejubilación, era lógica porque “ya no tenía sentido el plan estratégico” al integrarse Caja Segovia en el SIP promovido por Caja Madrid.