Suárez-Quiñones reclama la apertura de una variante en la AP-6 en San Rafael
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La Junta de Castilla y León espera que pueda suscribir con el Ministerio de Fomento en las próximas semanas, “no tardando mucho”, los acuerdos para aplicar los planes de desvío del tráfico pesado, a cambio de bonificaciones, a las autopistas AP-1, en Burgos, y A-71, entre León y Astorga. De esta forma, los descuentos, que buscan descongestionar la N-I y la N-120, se aplicarían antes de que acabara 2018.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, reclamó en ‘Los desayunos de Ical’ que agilice al máximo los trámites pendientes para que se puedan suscribir los convenios de colaboración entre las dos administraciones para poner en marcha estos planes de descuentos, que en el caso de la AP-1, dejarían de tener sentido si se demoran hasta el fin de la concesión, previsto para el 30 de noviembre.
“Es absolutamente necesario”, destacó Suárez-Quiñones, quien confió en que se apliquen cuanto antes estas medidas, previstas para el tráfico pesado de tipo 2 -cuatro o más ejes-. “No será por no pedirlo y exigirlo la Comunidad y por no tener el dinero”, añadió. “Estamos pendientes de que se apruebe”, remarcó el titular de Fomento.
En el caso de la AP-1, la Junta y el Ministerio pactaron en noviembre de 2017 bonificaciones de un 75 por ciento para los vehículos desviados del tramo de la N-I entre Burgos y Miranda de Ebro. Este porcentaje se aplicará cuando empleen dispositivos de telepeaje, mientras que será del 71,23 por ciento para el resto de vehículos pesados tipo 2. El importe de la bonificación será compensado a la concesionaria de la autopista, Europistas, por la Junta y el Ministerio de Fomento, comprometiéndose la Administración autonómica un millón de euros.
Días después, Fomento planteó para la León-Astorga (AP-71), también descuentos de hasta el 75 por ciento para vehículos pesados de tipo 2, con el fin de evitar que circularan unos 700 camiones y autobuses por la N-120. En ese caso, Suárez-Quiñones remarcó que el acuerdo tiene una mayor vigencia, puesto el fin de la concesión de esta autopista no es inminente, como sí ocurre con la AP-1.
También, el titular de Fomento defendió una solución “definitiva” para las poblaciones de San Rafael y El Espinar, con una variante en la autopista AP-6, que acabe con el “cuello de botella” generado en la N-VI a su paso por estas poblaciones segovianas. Aunque es un proyecto de “responsabilidad del Estado, aseguró que la Comunidad lo sigue de cerca.
Además, el consejero defendió que la liberalización de la AP-1 se produce cuando se acaba la concesión, por lo insistió en que no se trata de rescatar una vía de peaje, sino de no prorrogarla. “Nos congratulamos de que sea así”, apostilló, tras recordar que el anterior Gobierno ya había adoptado esta decisión.
Vigilantes y exigentes
El consejero de Fomento destacó que el Gobierno de Pedro Sánchez garantiza de algún modo que todas las infraestructuras iniciadas van a “seguir adelante”. De hecho, subrayó que pretenda licitar unos 5.000 millones este mismo año y ejecutar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), elaborados por el anterior ejecutivo de Mariano Rajoy.
