«La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa es la reforma educativa que España necesita». Así de contundentes se han mostrado los senadores del Partido Popular por Segovia, Javier Santamaría, Paloma Sanz y Juan Ramón Represa, quienes han explicado hoy la campaña informativa que bajo el lema ‘La verdad de la Educación’, está desarrollando el Partido Popular a nivel nacional, dirigida principalmente a los colectivos integrantes del sistema educativo como son los alumnos, los padres y los docentes.
«La reforma educativa del Gobierno se basa en la igualdad de oportunidades, la calidad y la libertad educativa y por ello, su prioridad es una educación de calidad para todos, que garantice realmente la igualdad de oportunidades», han puntualizado los senadores del PP.
Según han explicado el objetivo de dicha reforma es lograr el éxito de la educación, acabando «con el insostenible fracaso escolar que han dejado las medidas parche del Gobierno Socialista, pues han dejado a España con el mayor fracaso escolar de Europa, ya que uno de cada cuatro alumnos abandonan prematuramente sus estudios». A esto se une que el 30% de los estudiantes universitarios no acaba su carrera, lo que, además, supone un coste a los españoles de 3.000 millones de euros. Y por este motivo, la nueva normativa prevé medidas orientadas a la excelencia de centros y alumnos de cara a la enseñanza superior y al mercado laboral.
Los estudiantes pasarán por tres pruebas para evaluar tanto sus conocimientos, como el centro educativo. Las pruebas tendrán lugar al final de cada ciclo formativo (primaria, secundaria y bachillerato) y si no la pasan tendrán que repetir curso. Ya que según han indicado los senadores «el objetivo será evaluar no sólo al alumno, sino también al centro educativo y analizar las diferencias que hay entre Comunidades Autónomas». Para calcular la nota final se tendrá en cuenta en un 60% la media de toda la etapa educativa y en un 40% la calificación de la prueba.
En este sentido, han informado hoy los parlamentarios populares que las evaluaciones externas que propone la LOMCE mejoran los resultados de los alumnos entre un 20% y un 40%, pues los países que tienen evaluaciones logran 16 puntos más que los que no en el informe PISA.
Ninguna ley educativa aplicada en España ha apostado tanto por la autonomía de los centros como la LOMCE, pues serán los propios centros los que decidan su especialización, el diseño de la oferta educativa a través de las asignaturas específicas y los planes de mejora de los resultados. «Como los centros tendrán más responsabilidad, deberán rendir cuentas a la sociedad de sus actuaciones y de los recursos utilizados en el desarrollo de su autonomía», han subrayado los senadores, a la vez que han afirmado que «el reconocimiento social del docente es esencial en todo este proceso y por ello se pondrá en marcha una verdadera carrera profesional, con mayores oportunidades de formación y de reconocimiento de su autoridad».
Para concluir, los parlamentarios del PP han querido hacer hincapié en que los que se opone a esta reforma «son los mismos que dejaron el sistema educativo en la peor de las condiciones», y ahora «se centran en la demagogia para oponerse a la normativa que situará a la Educación de España en el lugar que le corresponde».
