El Pleno del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado una moción del grupo municipal Izquierda Unida encaminada a instar a la Junta de Castilla y León a que legisle el cierre de locales donde se realiza la actividad de prostitución, con independencia de la licencia de actividad bajo la que operen.
La propuesta, que ha contado con el voto en contra de los grupos del Partido Popular y Ciudadanos, pero que ha salido adelante con los votos favorables del grupo socialista, Podemos-Equo e Izquierda Unida, está encaminada “evitar la expansión de la COVID-19, dadas las dificultades de rastreo de contagios, y prevenir riesgos en la salud de las personas en situación de prostitución”, según ha señalado la concejal de Izquierda Unida, Ana Peñalosa.
Los acuerdos de la moción incluyen solicitar al gobierno autonómico medidas para el control y cierre de pisos privados donde hay personas en situación de prostitución en la comunidad, y que habilite recursos y alternativas habitacionales para mujeres en situación de prostitución que lo requieran.
La propuesta pide a la Junta que incluya como beneficiarias dentro del reglamento de la Renta Garantizada de Ciudadanía a las personas en situación de prostitución, incluidas aquellas que se encuentren en situación irregular.
Tanto Ciudadanos como Partido Popular han manifestado su disconformidad con la propuesta al considerar que la competencia legislativa corresponde al Estado.
“Si son abolicionistas, legislen dónde corresponde, que es en el Congreso de los Diputados”, ha aseverado la portavoz municipal de la formación naranja, Noemí Otero, quien ha catalogado la moción de “postureo”.
El Partido Popular ha solicitado la incorporación de una serie de enmiendas en la moción encaminadas a incrementar los controles por parte de Junta y Ayuntamiento sobre los locales donde se ejerce la prostitución, para preservar el cumplimiento de la normativa y las medidas contra la COVID-19; intensificar el programa ‘Atrapadas’, puesto en marcha por el Gobierno regional durante la crisis de la COVID-19 para garantizar la atención urgente a mujeres víctimas de explotación sexual; e instar al Gobierno de la Nación a aprobar una Ley de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y elaborar un nuevo Plan Integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual 2020-2022.
Dichas enmiendas no han sido incluidas en la propuesta y han llevado al grupo a manifestar su voto en contra.
Por su parte, el grupo municipal Podemos-Equo ha apoyado la moción, pero su portavoz, Guillermo San Juan, ha sugerido la puesta en marcha de “medidas concretas” en el ámbito municipal con el impulso de los cinco compromisos que incluye el Plan Municipal de Igualdad en materia de prostitución y prevención de la trata de mujeres y cuyo cumplimiento hasta el momento “es insuficiente”.