Los grupos Popular y Socialista han pactado la creación de un servicio de urgencias social, centros de atención especializada en cada una de las provincias y la existencia de un coordinador de expediente único como mejoras que se incorporan al proyecto de ley contra la Violencia de Género en Castilla y León, que camina en la recta final de su tramitación para la aprobación por el pleno de las Cortes, donde mantienen el objetivo de que se ratifique por acuerdo de ambos grupos.

La aceptación de esas enmiendas por el Grupo Popular abre el camino del consenso por el que han trabajado ambos grupos desde que la ley remitida por la Junta entró en las Cortes, que prevén su aprobación en el pleno del 24 de noviembre. “Es un avance, pero todavía es insuficiente”, explicó a Ical la portavoz socialista de Igualdad, Natalia López-Molina, quien entiende que el texto se puede mejorar hasta el pleno en apartados como el catálogo de servicios, prestaciones económicas en vivienda y empleo y garantías en el acceso para las mujeres del medio rural.

También la portavoz del Grupo Popular en la materia, Ángeles Armisen, afirmó que se ha hecho un “buen trabajo” y se ha mejorado el texto para las personas a las que va destinado, y también en la prevención y sensibilización, aunque se mostró prudente sobre la decisión final del Grupo Socialista. “Hay puntos a conseguir, no hay líneas rojas”, indicó López-Molina.

El servicio de urgencias social, uno de los acuerdos más importantes, según la valoración de ambas portavoces, supondrá atención durante las 24 horas y todos los días del año para casos que se produzcan fuera del horario, en los que en los centros no hay un profesional. Otra de las novedades es la creación de centros especializados en las nueve provincias así como que la situación de una víctima, los recursos y servicios a los que puede tener acceso figurarán en un único expediente, de manera que se evita que cuente su caso en cada órgano de la administración al que se dirija.

López-Molina valoró que haya un expediente único, pero señaló que es más una cuestión administrativa y recordó la propuesta de su grupo de contar con un ‘coordinador de caso’ como persona de referencia técnica que debería acompañar y guiar a las mujeres en el proceso de recuperación. Sin embargo, Ármisen defendió que se puede coordinar a través de la red asistencial de la Junta el expediente único.

De las enmiendas del Grupo Popular, destacan el mandato a la Consejería de Educación para que vele por que los libros escolares desechen los contenidos sexistas o discriminatorios y la atención específica para mujeres más vulnerables, donde incluyen mayores de 65 años, mujeres con discapacidad, con trastornos mentales e inmigrantes.

Una de las banderas del modelo socialista era la creación de casas de igualdad en municipios de más de 20.000 habitantes y cabeceras de comarca, como puntos de asesoramiento e información, si bien Ármisen explicó que eso pertenece al modelo de gestión que crea la red de la Junta. En cuanto a la implantación de ayudas de emergencia, otra de las peticiones socialistas, aseguró que hay una normativa específica y su regulación está ahí, igual que la discriminación positiva para las víctimas está incluida en las ayudas a la vivienda.

 

Catálogo de servicios

Sin embargo, aunque sin querer vincular el voto a su posible aprobación, López-Molina mantuvo la importancia de que se pueda avanzar en el catálogo de servicios, donde recogen las casas de igualdad y los puntos en las cabeceras de comarca, así como las prestaciones económicas en empleo y vivienda y el acceso a los recursos para las mujeres víctimas del mundo rural.

De las 102 enmiendas que registró el Grupo Socialista, se han aprobado ocho sin cambios y se han retirado 33 por transacciones con el grupo mayoritario, de manera que en la Comisión se ha debatido sobre 61 de las propuestas, si bien en la exposición de motivos de la ley el acuerdo es total.

El proyecto de ley, elaborado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, extiende el concepto de violencia de género no sólo a la víctima, sino a las personas que conviven con ella, como menores o mayores, introduce un catálogo de derechos de estas personas con rango de ley y amplía el concepto de beneficiarios. También aborda el maltrato de género desde la prevención, la atención integral y la sensibilización, y considera que la educación es otro de los pilares para que esta lacra desaparezca de la sociedad. Esta ley, según la exposición de motivos, pretende ser el instrumento para hacer efectivo el derecho fundamental “a vivir sin violencia”.

Igualmente, la ley regula la red de asistencia a la mujer víctima de violencia de género en Castilla y León, como el conjunto de centros públicos o privados (centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados, y el catálogo de servicios: atención e información, asesoramiento jurídico, atención psicológica, orientación laboral, ayudas económicas para su autonomía e intervención con agresores que lo soliciten para su participación en programas de reeducación con tratamiento psicológico.