El presidente de la Diputación de Segovia, Francisco Vázquez, defiende la idoneidad de las corporaciones provinciales para la prestación de servicios de apoyo y asesoramiento a los municipios “por la inmediatez y prontitud que tienen para resolver los problemas todos los días”. En este sentido, critica a quienes ponen en solfa la existencia de estas instituciones y niega también que la desaparición pudiera suponer un ahorro, porque la mitad del presupuesto sirve para pagar a funcionarios que terminarían en otras administraciones. Por ello, cuestiona que “se deba ir a una nueva centralización quitando competencias a las diputaciones para dárselas a otras administraciones”. Francisco Vázquez reclama para las corporaciones provinciales, además de las competencias de asesoramiento y asistencias y la gestión de su patrimonio, algunas competencias en servicios sociales ahora en manos de la Junta y, asimismo, que se respete la especificidad de Segovia: que las Comunidades de Villa y Tierra no pierdan su identidad y su arraigo en el nuevo modelo territorial.
En época de crisis, con un Estado autonómico en el que se cuestiona el elevado número de administraciones y las duplicidades, ¿son las diputaciones que pueden correr más riesgo para su permanencia?
Esta afirmación sólo puede mantenerse desde el desconocimiento y sin saber las competencias y el trabajo que realizan las diputaciones. El 99 por ciento del presupuesto de la Diputación de Segovia está dirigido a los ciudadanos porque más del 50 por ciento se centra en centros asistenciales de la provincia; otro 30 por ciento en la red de carreteras; y el restante a los más de diez programas tanto culturales como deportivos y sociales así como a la manutención del Teatro Juan Bravo y del Museo Esteban Vicente. Además, hay que tener en cuenta que la mitad de nuestro presupuesto corporativo son gastos de personal por lo que, dependan de una administración u otra, hay que pagar a los funcionarios por el trabajo que realizan. Si estamos en un Estado competencial cada uno tiene que ejercer las suyas. Por eso, se echa en falta, desde que se propuso hace ocho años, acometer una segunda descentralización administrativa en las corporaciones locales, algo que ni el Estado ni las comunidades autónomas han querido abordar y que vendría a solucionar muchos de los problemas que tiene la Administración en la actualidad en España. No creo que se deba ir a una nueva centralización quitando competencias a las diputaciones para dárselas a otras administraciones. Esto se puede preguntar a cualquier alcalde, de cualquier pueblo y de cualquier signo político de la provincia de Segovia.
¿Qué ventajas tiene, a su parecer, la diputación frente otras administraciones?
La inmediatez y la prontitud que tiene para resolver los problemas todos los días. Cada jornada recibimos a tres o cuatro alcaldes y atendemos alrededor de 20 llamadas solucionando todos los problemas. Eso no lo puede hacer otra administración porque tienen otro tipo de competencias. La resolución de los pequeños problemas es lo más importante para los ayuntamientos. Yo invitaría a preguntar a los ayuntamientos porque sin conocer la realidad municipal de nuestro país, y en este caso de nuestra provincia, es muy fácil tener todo tipo de teorías peregrinas.
Se habla de que las diputaciones deben tener como principal función el asesoramiento y la ayuda a los municipios más pequeños. ¿No podría hacerse también desde las delegaciones territoriales?
Estoy convencido de que algunas competencias están mejor en mano de las diputaciones porque están mucho más cercanas y pegada al terreno y al ciudadano. Otra cosa es que, por razones políticas, haya fuerzas que como no llegan a la realidad social, municipal y rural, quieran eliminar de un plumazo a una administración que precisamente se dedica a estar más en contacto que ninguna otra con la Administración local. Creo que no se ha entendido lo que es el Estado autonómico: se trata de que cada administración ejerza la competencia lo mejor posible. Otra cosa es que haya habido dejación de funciones por parte de la Administración del Estado en el sentido de que la alta inspección de muchas cuestiones como educativas, sanitarias o laboral, eso ha estado en sus manos y no la ha ejercido. Pero luego es muy fácil decir que los que han fallado han sido otros cuando no hay recursos económicos o se hace mal una cosa.
Los pueblos cada vez pierden más población, ¿cómo pueden ayudar a que se mantenga? ¿Qué pueden hacer las diputaciones?
Desde la Diputación de Segovia, lo estamos haciendo desde el primer día. Primero con la asistencia permanente a las localidades sin que hayamos consentido que haya ciudadanos de primera -los del medio urbano- y de segunda -los del medio rural-. Hay que potenciar las localidades más desfavorecidas, que tengan más ayuda de la institución provincial desde el punto de vista inversor y también desde el punto de vista, por ejemplo, de programas culturales o temas sociales, cuestiones relacionadas con el tema asistencial, el mantenimiento de redes viarias, asesoramiento jurídico o contabilidad. Este es el plus que la diputación tiene y al que otras administraciones no están tan cercanas. Además también estamos intentando modernizar el medio rural tanto con acciones formativas para los secretarios como para los propios alcaldes. En este último caso, atrayéndolos a las nuevas tecnologías con los notebooks que les hemos entregado. Con la era digital y la administración electrónica y la coordinación de la Diputación, algunos de los problemas del medio rural se pueden vencer.
¿Cuáles son las líneas rojas que considera que deben mantener las diputaciones en competencias y financiación?
Las competencias propias de las diputaciones como la asistencia y asesoramiento técnico, jurídico y contable a los ayuntamientos, el mantenimiento del patrimonio propio como las carreteras provinciales y también el de algunas competencias como son los temas relacionados con el Acuerdo Marco de Servicios Sociales que prestamos con mayor eficacia; y que creo que la Junta de Castilla y León debería delegar. Además, otras materias asistenciales como centros psíquicos o de riesgo de exclusión social.
¿Es optimista sobre el acuerdo propuesto para un modelo de ordenación del territorio?
Es una forma acertada de ver la población, porque según ésta así son los recursos económicos. Dependiendo del número de habitantes, las funciones se podrán residenciar en un municipio, en un distrito o en la propia Diputación. No hay que olvidar que al final las competencias cuestan dinero, y en este sentido, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de la Junta en la eficacia y en la eficiencia de los recursos económicos que debamos prestar y ejercer por parte de las administraciones. Si un ayuntamiento, aunque sea pequeño, tiene autonomía local y política y no puede realizar determinadas funciones, estoy de acuerdo con que se haga una gradación de competencias. Lo mejor que se puede hacer ahora es precisamente lo que se está haciendo: una administración, una competencia; que no haya duplicidades, y encaminar este modelo a la modernización de la administración de local y de las demás. Yo no pongo en cuestión la existencia y las competencias que deben tener otras administraciones públicas, lo único que sí pediría es que no se les quite la autonomía política ni la local que está consagrada en la Constitución a los ayuntamientos. Lo que sí pedimos es que, en Segovia, las Comunidades de Villa y Tierra no pierdan su identidad y su arraigo con el nuevo modelo del territorio. Habría que revisar esas mancomunidades, potenciar que su objeto social no sea solamente único y que sirvan para varias cuestiones simultáneas, para cuya revisión estará la Diputación.
¿Cuáles serían las funciones mínimas que deberían quedar en los municipios?
Creo que se está atinando en el nuevo modelo de ordenación y como depende de la población en lo que se está acertando es en graduar las competencias según la población, lo que además establece un límite económico porque la población paga impuestos. Cuando hay 10.000 habitantes pagan más que cuando son 500 y por lo tanto las competencias tienen que ser distintas. Las competencias en turismo, urbanismo, transportes, se pueden mancomunar perfectamente porque un municipio solo a lo mejor no los puede realizar pero un conjunto de municipios sí lo puede hacer por ellos mismos y a través de la Diputación.
¿Cuál sería el esquema de financiación para evitar la dependencia de la administración superior?
Espero que en el nuevo esquema de financiación, las corporaciones locales no solamente tengan financiación en los tributos del Estado, sino que tengan participación en los de la Comunidad autónoma, porque al fin y al cabo, los ciudadanos viven en una localidad y tienen que sufragar los servicios esenciales con los impuestos. Éste es el mismo esquema que utilizó el Estado para dar dinero a las comunidades autónomas. Además creo que se deben tener tributos propios establecidos por ley como el IBI, o de propiedades rústicas o urbanas o el de circulación. Además tienen otros impuestos especiales delegados del Estado como tabaco o alcohol, que muchos están cedidos a las corporaciones locales.
La FEMP ha realizado una propuesta de equiparación de sueldos de alcaldes, en función de la población de sus ciudades, y de presidentes provinciales. ¿Está de acuerdo con ella?
Debe existir un marco para que no existan abusos. Este problema no lo tenemos en Castilla y León pero sí lo tenemos en otras comunidades autónomas como en el sur en donde algunos alcaldes cobran más que el presidente del Gobierno. Aquí en Castilla y León somos bastantes austeros y no hay barbaridades de ese tipo, pero sí que es verdad que debe existir una gradación en los responsables de las administraciones públicas teniendo en cuenta el ámbito de sus responsabilidades. Una buena manera de hacerlo es, o bien con los presupuestos que tengan esas corporaciones, o por la población que abarque. Por lo tanto a mi me parecerá bien cualquier propuesta racional que conduzca a que nadie se salga de una línea trazada.