Al igual que es difícil asegurar cuándo un territorio inicia su declive, también es aventurado afirmar el instante en el que emprende la remontada y resulta especialmente complejo en el caso de provincias como Zamora, que experimenta desde hace varias décadas un proceso, aparentemente irresoluble, de despoblación y de aumento de la edad media de sus habitantes.
En este contexto, cuando la pérdida de población empieza a traducirse en servicios públicos que corren el riesgo de trastabillar, llega un momento en el que propios y extraños coinciden en que el tiempo se termina y en que, si no se da un puñetazo sobre la mesa, el territorio llegará a convertirse en un lugar vacío e irrelevante. El riesgo no solo afecta a Zamora, sino a todo el oeste de Castilla y León y, en términos relativos, a la mayoría de las provincias del interior de España.
Los datos que recoge el Instituto Nacional de Estadística son bastante claros. Un estudio publicado en 2018 estimó que, al ritmo de pérdida de población, Zamora tendría apenas 143.000 habitantes en 2033, lo que supondría una pérdida cercana al 15 por ciento de su población desde entonces. Una ratificación de lo que significa la denominada ‘España vaciada’.
Con esos datos en la mano, era inevitable que se acentuase la sensación de que el hundimiento de Zamora discurre por una cuesta abajo y a favor del viento. Hacía falta un punto de inflexión, la población zamorana necesita y quiere creer en un futuro halagüeño y un símbolo para abanderar el optimismo es el proyecto de ubicar dos batallones del Ejército de Tierra en los terrenos del antiguo campamento militar de Monte la Reina, en el término municipal de Toro.
Zamora10, asociación constituida, a iniciativa privada, en octubre de 2017 para contribuir a dar un impulso económico y social a la provincia, consideró “vital” la idea desde el primer momento y, de hecho, formuló la primera petición formal al entonces presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, cuando este visitó Zamora, el 14 de abril de 2018.
El Consejo General de la Asociación para el Desarrollo insistió reiteradamente en reclamar en todos los foros posibles ese proyecto. Y no era una petición aislada, ya que aunaba el empuje de los principales representantes de instituciones y entidades públicas y privadas de la provincia, que forman parte del principal órgano de Zamora10: la Subdelegación del Gobierno, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Zamora, CEOE-Cepyme, la Cámara de Comercio, la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería, la Asociación Zamorana del Comercio y Caja Rural de Zamora.
Subasta
Atrás quedaba el capítulo, convertido en arma arrojadiza política y ocasional, de que los terrenos pudieran haber salido, en su día, a subasta, con primeros contactos, a tal efecto, en los albores del siglo XXI y rumores sobre negociaciones más o menos avanzadas con el Ministerio de Defensa aunque, al final, quedaron en nada, tanto entonces como más recientemente, en parte por la inquietud social que generó la posibilidad de que se enajenara el antiguo campamento militar.
La mera idea y declaración de intenciones ganó enteros cuando la Subdelegación del Gobierno en Zamora organizó un encuentro en el que participó el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. El 15 de enero de 2019, el JEME se reunió con los representantes institucionales y la Junta Directiva de Zamora10 y expresó la intención del Ejército de Tierra de sacar adelante el proyecto de instalar en Monte la Reina la unidad militar.
El Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11, con base en Salamanca, hizo durante las siguientes semanas un estudio sobre la viabilidad y costes del proyecto, entre otras variables.
La atención sobre Monte la Reina se intensificó cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó Zamora el 27 de marzo de 2019 y valoró la ubicación de una unidad militar en Monte la Reina, dentro de la descentralización y la repoblación de territorios como el zamorano. Entonces, el candidato del PSOE a la reelección participó en un acto en el Teatro Ramos Carrión en el que anunció el impulso al proyecto si los socialistas ganaban las Elecciones del 28 de abril.
Unos meses después, el JEME pidió una reunión en la que participaron la delegada del Gobierno en Castilla y León, el consejero de la Presidencia, el presidente de la Diputación, los alcaldes de Zamora y de Toro y Zamora10, en la que expuso que el proyecto contaba con la aprobación técnica.
Con las lógicas reservas para un proyecto en ciernes, el coste inicial para materializarlo se estimaba en más de 85 millones de euros y las cifras barajadas apuntaban a que se ubicarían en Monte la Reina, como mínimo, 2.000 personas, cifra que se espera que sea bastante mayor.
Anuncio en campaña
El 22 de octubre del 2019, Pedro Sánchez volvió a Zamora y aseguró que Monte la Reina sería “una realidad” si gobernaba el Partido Socialista, un compromiso que le fue constantemente recordado por propios y extraños
A partir de ese momento, las sensaciones acerca del proyecto experimentaron una extraña ciclotimia ya que, de la euforia inicial ante el anuncio del número 1 del Ejecutivo, se pasó enseguida al escepticismo y a los reproches.
Las peticiones de reuniones de alto nivel y la exigencia de partidas presupuestarias sustanciosas y viables para poner en marcha el proyecto y las llamadas de Zamora10 a la unidad se sucedieron, con éxito desigual.
El Pleno de las Cortes de Castilla y León celebrado el 22 de julio de 2020 aprobó por unanimidad una proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la que se instó a la Junta a que requiriera al Gobierno de España el “cumplimiento de los compromisos adquiridos en relación con Monte la Reina. Unos días antes, la Asociación para el Desarrollo había organizado una reunión con los grupos parlamentarios con representación autonómica y nacional por Zamora para “consensuar” una moción y elevarla a los respectivos parlamentos.
En los bares zamoranos, aun con la capacidad de despotricar de los clientes reducida a la mínima expresión por la restricción para consumir en barra, bullía la sensación de que se mareaba la perdiz.
A las partidas simbólicas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado se sumaban las declaraciones esporádicas de responsables gubernamentales en las que se apostaba por ver cuánto iba a aportar cada administración pública para hacer realidad el proyecto.
Dinero
Las noticias políticas y sociales sobre Monte la Reina se sucedían pero el dinero no figuraba con mayúsculas en ningún sitio. En este contexto, Caja Rural de Zamora dio un golpe de efecto el 16 de octubre de 2020, al poner sobre la mesa el primer millón de euros. Poco después, anunció al Gobierno de España el ofrecimiento de financiar el total del proyecto a coste cero.
La cooperativa de crédito abrió la veda de las aportaciones y la Diputación de Zamora, presidida por Francisco José Requejo, ofreció cinco millones de euros para la reapertura del campamento militar. Unas semanas después, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció una partida de quince millones para Monte la Reina.
Con aparente consenso político y una cantidad sustanciosa de millones en el disparadero, el futuro de Monte la Reina parecía aclararse, a la espera del espaldarazo final exigido al Gobierno de España, que llegó el pasado 10 de octubre, cuando Pedro Sánchez anunció en un acto en Ponferrada (León), que los Presupuestos Generales del Estado incluirían para 2022 una partida de 20 millones de euros destinada a Monte la Reina. Ante eso, la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Toro tendieron la mano y desconvocaron una concentración destinada a exigir al Gobierno que cumpliera su compromiso.
Las cuentas empezaban a cuadrar para el común de los mortales: un ‘kilo’ de Caja Rural de Zamora, más la financiación a coste cero, más cinco de la Diputación más 15 de la Junta más 20 del Gobierno estatal. 41 millones de euros en total, algo menos de la mitad del coste estimado para el proyecto.
Pero resulta que esas cuentas de la vieja no eran válidas. El diputado socialista por Zamora, Antidio Fagúndez, aclaró enseguida que la ubicación de esos dos batallones del Ejército de Tierra en el antiguo campamento militar se financiará “exclusivamente” con los fondos de los PGE y que es un proyecto “cien por cien del Gobierno de España”.
Eso sí, puntualizó que “vamos a exigir que esas instituciones que anunciaron que iban a invertir dinero, lo hagan” y apostilló: “No se puede ir de boquilla y ahora vamos a necesitar muchas cosas en la provincia para que los militares puedan establecer sus residencias, fijar la población y para hacer atractiva su vida en la provincia y ahí es donde tienen que estar implicadas también estas instituciones”.
Impacto
La rehabilitación y entrada en funcionamiento del campamento militar de Monte la Reina producirá un efecto sin precedentes en la economía de la provincia. Caja Rural de Zamora encargó a KPMG Asesores un informe, presentado el pasado viernes, según el cual, se instalarán unas 1.800 personas, entre militares, familiares y empleo indirecto generado, lo que supondrá la generación de más de 2.000 empleos y un impacto de 83 millones de euros en el Producto Interior Bruto anual de Zamora.
A partir de aquí, ciertos sectores centrarán la atención en que, además de consignar los fondos necesarios para hacer realidad el proyecto de Monte la Reina, se ejecuten. “Es mucho lo que nos jugamos en esta partida para desterrar la última posición en la España despoblada y vaciada”, advirtió el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García.
“Debemos organizarnos y preparar, entre todos, el acomodo, los requerimientos y las necesidades que los integrantes de este acuartelamiento necesiten para favorecer su integración en la sociedad zamorana. Que Zamora y sus proyectos estratégicos se cumplan y que proyectos como el de Monte la Reina supongan un cambio trascendental económico y social en el presente y futuro de nuestra tierra”, rubricó.
