El copago farmacéutico y sanitario, o la no revalorización de las pensiones durante el año 2012, han sido algunas de las cuestiones tratadas hoy en la reunión llevada a cabo en la sede de UGT y en la que han intervenido Anatolio Díez Merino, secretario regional de la Unión de Pensionistas Jubilados y Prejubilados (UPJP) y Miguel Ángel Tabanera Gómez, secretario general en Segovia de la misma organización, para analizar la situación en la que se encuentran el colectivo de los pensionistas.

La no revalorización de las pensiones en el año 2012, ha sido una de las cuestiones en las que se se ha centrado la reunión en la que “hemos presentado los modelos de reclamación individual que ya están disponibles en la sede de UGT tanto para afiliados como para no afiliados”, ha hecho saber el secretario regional, añadiendo que “se trata de una medida que intenta luchar contra la vulneración de derechos que actualmente sufren los pensionistas”.

Esta acción es la última que se ha llevado a cabo tras presentar, durante el pasado año, un recurso de inconstitucionalidad ante la defensora del pueblo y desarrollar una reunión de todos los grupos parlamentarios para presentar este recurso, los cuales aceptaron esta propuesta.

Durante la jornada, se trataron otros temas como la subida del IRPF y del IVA o los recortes llevados a cabo por parte del Gobierno en ayudas a domicilio y la dependencia, que según han dado a conocer en la reunión, actualmente tienen en espera a 3.000 ciudadanos de Castilla y León, cuya situación de dependencia está reconocida.

Finalmente, se hizo incapié en lo que ha supuesto para los pensionistas el copago farmacéutico, por el cual se debe adelantar un 10% del precio del medicamento. Anatolio Díez ha recordado que “el pasado 22 de noviembre, la Junta de Castilla y León se comprometió a devolver el dinero adelantado en periodos trimestrales, pero de momento, sólo lo han hecho durante un trimestre”.

Tanto el copago farmacéutico como el sanitario, suponen, en palabras del secretario regional “una medida discriminatoria que fomenta una sanidad para los ricos”.