Un total de 30.810 personas tiene un ‘empleo verde’ en Castilla y León en más de 107.000 empresas del sector, cifra que sólo representa el 5,8 por ciento de los casi 531.000 puestos de trabajo de este ámbito en España, vinculado directamente con el medio ambiente en cualquiera de sus vertientes, desde las energías renovables al tratamiento de residuos, pasando por la depuración de aguas y agricultura y ganadería ecológicas, entre otros.
Así, según un informe de la Fundación Biodiversidad y el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), de la información disponible se desprende que son Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco las más desarrolladas en este aspecto.
Por subsectores, la actividad de más peso en el ‘empleo verde’ tradicional en España es la de gestión y tratamiento de residuos, que concentra más de una cuarta parte del total nacional (140.343 puestos), porcentaje que se eleva en Castilla y León hasta cerca de una tercera parte (32 por ciento), y que supone en la Comunidad 10.068 puestos de trabajo de los casi 31.000.
A pesar de eso, este apartado en la región sólo representa el 7,2 por ciento nacional, muy lejos de las comunidades autónomas más adelantadas. Por lo que respecta a las energías renovables, que emplean en la región a 7.008 personas, emplean en Castilla y León a 7.008 personas, el 22,7 por ciento del total regional. Juntas, el tratamiento de residuos y las energías renovables, suman más de 17.000 puestos de trabajo en la región, es decir, el 55,4 por ciento. En este sentido, hasta cuatro comunidades autónomas se sitúan por encima de la región en empleo relacionado con energías verdes, en el que son líderes absolutos Cataluña y Madrid, con más de 20.000.
Empleo forestal
La siguiente rama con un mayor número de empleos verdes es la referida a la gestión de zonas forestales, con 5.000 personas que suponen una sexta parte del total de la Comunidad, pero que a su vez representa una cuota nacional del 15,4 por ciento de los 32.400 trabajadores en este ámbito, sólo por detrás del 25,9 de Andalucía.
En los últimos diez años este subsector ha crecido en el número de trabajadores forestales un 41 por ciento en España, variación en la que ha tenido gran peso Castilla y León. De hecho, la distribución geográfica del empleo sirve de indicador de la importancia que adquiere este subsector en las diferentes comunidades autónomas, que guarda cierta relación con las inversiones efectuadas en cada una de ellas. Así, Andalucía invirtió anualmente 158 millones de euros entre 2000 y 2006, seguida de los algo menos de 134 de Castilla y León. Sin embargo, la inversión fue de 30 euros por hectárea en la región, similar a la región andaluza pero muy lejos de los 140 euros por hectárea de Madrid.
En relación con este último se encuentra la gestión de espacios naturales, con 1.181 empleados, que supone una décima parte de todo el trabajo nacional en este ámbito, sólo superado por Andalucía, que cuenta con más de 3.600 puestos, una tercera parte del total nacional (10.935).
Igualmente, el subsector del tratamiento y depuración de aguas residuales –no confundir con la de residuos- integra en la región a 2.026 trabajadores, sólo el 3,5 por ciento de España, aunque hay que tener en cuenta que es un apartado muy relacionado con la población, y Castilla y León tiene el 5,5 de los ciudadanos españoles.
Agricultura ecológica
Por su parte, la agricultura y ganadería ecológicas dan trabajo a 1.324 ocupados, una cifra pequeña que evoluciona favorablemente año a año en Castilla y León pero que se sitúa muy lejos de los 20.040 de Andalucía y los 5.395 de Castilla-La Mancha, algo lógico, ya que el cultivo de explotaciones agrarias en este tipo de régimen se ha concentrado principalmente en estos dos territorios, con más del 60 por ciento del total entre ambas.
Otro de los subsectores que hoy en día tienen gran importancia, y más en tiempos de crisis, es la innovación y desarrollo aplicada al ámbito ambiental. En Castilla y León un total de 1.065 personas se dedica a ello, una cifra que no alcanza el cinco por ciento de los 22.000 de España y que está lejos de los 5.449 de Murcia o 4.693 de Cataluña.
Los indicadores de resultados del sector de I+D reflejan que está íntimamente relacionado con el empleo, en lo que ha tenido mucho que ver el crecimiento sostenido del sector en los últimos 12 años, tanto de solicitudes como de concesiones de patentes, algo que evidencia un notable dinamismo en esta actividad. Sin embargo, el informe desvela una gran desigualdad en cuanto al gasto en innovación tecnológica entre comunidades. Sólo dos, Madrid y Cataluña, acumulan más de la mitad de este tipo de gasto, con el 31,9 y el 21,7 por ciento, respectivamente.
Sectores público y privado
En los cuatro subsectores restantes hay empleadas 3.138 personas, es decir, una décima parte de los puestos verdes de la Comunidad. El que más registra es el relacionado con el sector público, que con 1.010 supone el 1,9 por ciento del país (53.072), si bien es verdad que se trata de un ámbito en el que la mayor parte del empleo no está territorializado por corresponder a las administraciones públicas y ser el Estado el que más dispone de ello. En todo caso, de nuevo Andalucía lidera esta lista con 7.333 trabajadores, el 13,8 por ciento.
Los servicios ambientales a empresas se traducen también en la región en 851 empleos, una fórmula que aún no está muy extendida en la Comunidad y que sólo representa tres de cada cien ocupados nacionales (26.354), alejados de los 7.929 de Andalucía (30,1 por ciento) y los 5.825 de Cataluña (22,1 por ciento).
Asimismo, el subsector del empleo ambiental en la industria y en los servicios ocupa en la región únicamente a 710 personas, una cifra pobre en el ámbito privado que significa únicamente el 3,5 por ciento nacional (20.004 trabajadores). Cataluña y Navarra lideran este ranking con más de 4.000 empleados en cada caso.
Por último, el aspecto formativo, es decir, todo lo relacionado con la educación e información ambiental, supone en Castilla y León trabajo para 567 personas, el 7,2 por ciento nacional, en línea con la mayoría de las comunidades autónomas, pero muy por debajo de los casi 6.000 trabajadores catalanes o 1.561 andaluces.
