Los nuevos órganos de Gobierno de Caja Segovia y Caja Ávila tendrán más representación de las entidades de interés general. Así lo aprobarán la próxima semana las respectivas asambleas de las dos cajas, que pondrán en marcha el proceso electoral. En ambos casos, las asambleas adaptarán su reglamento interno a la nueva situación tras su integración en Bankia, y se informará del acuerdo del pasado 16 de junio de la Junta de Castilla y León que aprobó la modificación de los Estatutos y del Reglamento de Procedimiento Electoral de la caja.
Se abrirá también el proceso para renovar a los 120 miembros de cada una de las asambleas generales y los 17 de cada Consejo de Administración, que tendrán que ser elegidos de nuevo. Entre las principales novedades se encuentra la nueva composición, donde ganan poder numérico los representantes de las corporaciones locales y los de las entidades locales.
En este último caso, las dos cajas deberán adaptarse a la Orden de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, que aprobó la nueva relación de entidades de interés general para los órganos de gobierno de las cajas. Según la Junta, se trata de “reforzar la seguridad jurídica” de las entidades y se intenta que “tanto los centros de enseñanza universitaria de Castilla y León como las fundaciones generales de las universidades, las cámaras oficiales de Comercio e Industria, Cáritas Diocesana, FEAPS Castilla y León, y diversas fundaciones tengan su representación, al ser las que realizan actividades “de indudable interés general y de reconocido arraigo en los principales ámbitos territoriales de actuación de las cajas de ahorro de Castilla y León”.
La Orden de la Junta añade que si las cajas desean incorporar representantes de entidades distintas a éstas, deberán obtener la preceptiva autorización de la Consejería de Economía y Empleo. La Ley de Cajas que rige en la actualidad reserva una representación en los órganos de gobierno de las cajas del 32 por ciento para el grupo de impositores; otro 32 por ciento, al de corporaciones municipales; un 15 por ciento, a las Cortes de Castilla y León; un 11 por ciento, a los empleados y un 5 por ciento, a las entidades de interés general y las entidades fundadoras, respectivamente.
En el caso de Caja de Ávila, los seis consejeros generales que representan a las entidades de interés general lo son en representación del Centro Asociado de la Uned en Ávila, de la Universidad Católica de Ávila, de las cámaras de Comercio de Ávila y Arévalo, de Cáritas Diocesana de Ávila y de la Fundación Cultural Santa Teresa, que depende de la Diputación de Ávila.
En Segovia, los seis consejeros de ese grupo están repartidos entre la Cámara de Comercio, con dos miembros, y uno para la Universidad de Valladolid (UVa), la Diputación provincial, la IE Universidad, y otro para la Federación de Asociaciones a favor de las Personas con Retraso Mental de Castilla y León (FEAPS), que en Segovia integra a Cáritas y a Apadefim.
Además, según la Ley de Cajas, también estarán representados las organizaciones sindicales y empresariales que integran el Consejo de Diálogo Social de Castilla y León, que corresponde a los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, y a las respectiva s patronales integradas en CECALE.
Al contrario que al resto de los representantes de estos grupos, no se les exigirá los requisitos de formación y experiencia en la gestión de grandes empresas, como se les pide a los nuevos consejeros generales que salgan de las próximas elecciones.
