La Vicepresidenta Primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha repasado el conjunto de medidas con las que el Gobierno presta una especial atención al colectivo de discapacitados, que suma cuatro millones de personas. Entre ellas, destaca la eliminación de barreras arquitectónicas, el acceso a los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, así como la aprobación de la Ley de Lengua de Signos y de la Ley de Dependencia.

El Ejecutivo quiere que durante la Presidencia española de la Unión Europea, la discapacidad «tenga un tratamiento prioritario», según la Vicepresidenta. Con este fin, el Consejo de Ministros ha analizado  un informe sobre actuaciones relativas a personas con discapacidad y previsiones de acciones futuras, entre las que figura la celebración en Zaragoza durante el mes de mayo de 2010 de la Conferencia sobre discapacidad y autonomía personal.

También se ha anunciado la aprobación de un Real Decreto por el que se anticipa la edad de jubilación a los 58 años para los trabajadores con discapacidad igual o superior al 45%. La norma beneficiará a personas afectadas de parálisis o daño cerebral, anomalías genéticas o congénitas, y determinadas enfermedades mentales y neurológicas.

La medida fue anunciada por el Presidente del Gobierno ante los miembros del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), a los que recibió en el Palacio de La Moncloa. Además de esta norma, el Gobierno ha aprobado la creación de una Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Autonomía Personal y Atención a Personas con Dependencia (FINDESAD), que tendrá su sede en Valencia. El objetivo fundamental de esta Fundación será el de «aplicar los avances científicos y las nuevas tecnologías a la mejora de la calidad de vida de las personas que no pueden valerse por sí mismas».

En este ámbito, el Ejecutivo también ha adaptado la terminología sobre «minusvalía», término que será sustituido, como demandaba el colectivo, por el de «discapacidad».