Los exmiembros del Consejo de Administración de Caja Segovia imputados en el caso Navicoas evidenciaron hoy ante el juez sus discrepancias respecto a la información que se les facilitó para aprobar por unanimidad el préstamo por el que se hipotecó el emblemático Torreón de Lozoya. Con ese crédito, concertado con el Banco Financiero y de Ahorro (matriz de Bankia), se asumió la deuda con Hacienda de Navicoas Asturias, sociedad participada por Caja Segovia que promovió una operación urbanística frustrada en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria.
Diez consejeros, los que presentaron la denuncia que propició la apertura de la causa, sostienen que no fueron debidamente informados de lo que estaban aprobando; y otros como el exvicepresidente Manuel Agudíez y Elena García Gil, actualmente en la comisión gestora de la fundación de la Caja en proceso de constitución, declararon esta mañana en sede judicial que todos eran plenamente conscientes y que se veló por los intereses de la entidad
Así, tanto Agudíez como García Gil coincidieron en asegurar que si la Caja no hubiera asumido esa deuda tributaria de inmediato se podría haber multiplicado por diez, de 6,8 millones a casi 70 o incluso 90 con sanciones e intereses, porque era Hacienda la que marcaba los plazos. La deuda no le correspondía directamente a la Caja, sino a Navicoas, pero advirtieron que temían que finalmente recayera sobre la primera; aunque a quien prevén reclamar por la vía judicial es a Bankia, al considerar que esta sociedad y sus cargas debían formar parte del proceso de integración.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia, sin embargo, imputa “indiciariamente” un delito societario a todos los miembros del Consejo que, “sin una base legal sólida” y “en grave perjuicio” para la Caja, aprobaron concertar un préstamo de 6,8 millones de euros, con el Torreón de Lozoya (siglo XV) como garantía hipotecaria, para pagar la deuda tributaria de Navicoas Asturias S. L., participada en un 50 por ciento por la extinta entidad financiera, hoy integrada en Bankia. Sucedió en la reunión del Consejo celebrada el 17 de julio de 2012, y todos sus miembros han sido llamados a declarar como imputados entre hoy y mañana.
Según recoge el magistrado Jesús Martínez Puras en su auto del 2 de diciembre de 2013, “el Consejo de Administración no actuó de la mejor de las formas a la hora de velar por los intereses de la Caja, de sus socios y de sus depositarios”. En concreto, “porque por un lado se endeudó (a través del préstamo hipotecario) para solventar la deuda tributaria de una empresa participada que ya estaba declarada en concurso de acreedores (Navicoas Asturias), sin que la Agencia Tributaria hubiera dirigido responsabilidad subsidiaria alguna frente a Caja Segovia; y por otro, no está en modo claro que de esa deuda, si es que se debía responder, no tuviera que hacerlo el Banco Financiero y de Ahorro S.A. o Bankia”.
“En definitiva”, el juez entiende que “existen indicios suficientes para considerar que los hechos revisten indiciariamente los caracteres de un delito societario” por el que “deberían responder todos y cada uno de los miembros del Consejo” que participaron en aquella reunión. Atilano Soto y Fernando Tapias, expresidente y exsecretario general de la Caja, ya prestaron declaración por ser los denunciados por los diez exconsejeros que alegan desconocimiento de lo que se estaba aprobando; este miércoles hicieron lo propio Elena García Gil, Manuel Agudíez, Fernando Aceves González, Juan Ignacio Antón, Manuel Berzal Lobo, José Pablo Lozoya y Juan José Martín Casado; y para mañana están citados Pedro Palomo, Antonio Rodríguez Belloso, José Luis Sanz Merino, Ana María Valiente, Alfredo Velasco, Jesús Manuel Yubero y Miguel Ángel de Vicente.
Un Consejo dividido
Todos los consejeros sostienen que debió ser Bankia la que pagara la deuda tributaria de Navicoas, como una carga más de Caja Segovia dentro del proceso de integración, pero discrepan respecto a la información que se les facilitó a la hora de decidir si autorizaban el préstamo para que Caja Segovia saldara la deuda de esa sociedad con Agencia Tributaria. Bankia, en su momento, se negó a asumir tal carga por interpretar que le correspondía a Caja Segovia como administrador de hecho o de derecho de Navicoas Asturias, sociedad que impulsó una millonaria operación urbanística en Gijón (la compra de los terrenos de una cementera para construir viviendas) y que se vino abajo en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria
García Gil, después de prestar declaración ante el juez, resumió su postura ante la prensa y, en declaraciones recogidas por Ical, defendió la decisión que adoptó el Consejo e incluso aseguró que “personalmente” volvería a actuar del mismo modo: “La decisión se tomó en un momento determinado con una premura determinada y con unos antecedentes determinados, pero siempre se reservó el derecho a posteriori a ejercer las acciones pertinentes para reclamar que Bankia fuera la responsable e hiciera frente a este pago”. Unas acciones que “siguen en marcha” desde la comisión gestora de la Fundación Caja Segovia, que prevé presentar la demanda cuando se haya constituido definitivamente, ya que hasta entonces no tendrá capacidad jurídica para ello.
Sobre las circunstancias que rodearon la concertación del préstamo, subrayó que “el error habría sido no tomar ninguna decisión” porque, según su interpretación, esos 6,8 millones de deuda se podrían haber disparado hasta 64, “40 de deuda y 24 de sanción”, si no se aceptaba un acuerdo con la Agencia Tributaria. Así afirmó que habría ocurrido si finalmente se hubiera considerado a Caja Segovia responsable de la deuda de Navicoas Asturias, por lo que se optó por pagar y reservarse el derecho a reclamar después esa cantidad a Bankia. En cuanto a la presunta falsificación de actas y a la falta de información a los consejeros sobre lo que estaban aprobando, García Gil lo negó y recordó que también el juez “es muy claro en el auto diciendo que lo transcrito en las actas se corresponde con lo tratado en las reuniones”.
Parecidos argumentos esgrimió el exvicepresidente de Caja Segovia ante el juez y, después, en declaraciones a la prensa: “Todo está en las actas, los que tomamos la decisión entendimos que era lo mejor para los intereses de la Caja, aunque otros puedan pensar lo contrario. Fue una decisión rápida en la que había mucho en juego”, dijo Manuel Agudíez en referencia a la posibilidad de que se disparase la deuda con la Agencia Tributaria si no se aceptaba el acta de inspección con acuerdo.
“Estamos en el convencimiento de que tenía que ser Bankia la que debía hacer frente, y así se dice en los acuerdos del Consejo de Administración: si no se responsabiliza Bankia, nos querellamos contra ellos, que es lo que tendrá que hacer Caja Segovia cuando se constituya como fundación”, prosiguió el exvicepresidente de Caja Segovia. “Pero eso no le valía a la Agencia Tributaria, que decía que el día 20 (de julio de 2012) el expediente tenía que estar liquidado en conformidad, disconformidad o con acuerdo, ¿y ante eso qué decisión tomas? Nos habría gustado firmar en disconformidad, pero nos exponíamos a ir a un pleito con riesgo de terminar pagando hasta 90 millones con intereses. Por ello se decidió pagar e ir después contra Bankia”, concluyó Agudíez.
Decisiones “inconscientes”
Durante la mañana también prestó declaración Fernando Aceves, uno de los diez consejeros que denunciaron presuntos delitos de falsedad documental y societario por parte del expresidente y el exsecretario general de la Caja, Atilano Soto y Fernando Tapias, quienes ya declararon como imputados por ello. Y según apuntaron los representantes de las acusaciones populares personadas en el caso, UPyD e IU, Aceves reiteró que no dispuso de la debida información ni fue consciente de que se aprobara la concertación del polémico préstamo.
“Resumiendo, creo que se mantienen las discrepancias entre los dos sectores del Consejo de Caja Segovia”, señaló el abogado Andrés Herzog, responsable del área de Justicia de UPyD, durante un receso. “Por un lado están los que dicen que de alguna manera no se les informó de toda la verdad, que les engañaron; y por otro está la otra parte del Consejo encabezada por Agudíez, los que dicen que se dio sobrada información, que todos eran conscientes de lo que se estaba aprobando y que de alguna manera Bankia les engañó al negarse a asumir esa deuda tributaria”.
Por tanto, “por parte de los denunciantes iniciales (los diez exconsejeros) se mantiene que hubo una alteración de las actas, o que lo que recogen no es fiel reflejo de lo que se debatió en el Consejo, aunque el criterio del juez parece que es otro”, recordó Herzog en alusión al auto de diciembre, donde da validez a su contenido. Y el coordinador provincial de IU, José Ángel Frías, por su parte, subrayó que “lo que queda patente es que sigue sin estar claro que Caja Segovia tuviera que hacerse responsable de pagar esa cantidad”.
En lo que sí coinciden todos es en vaticinar que la instrucción será larga, y según Herzog, la cuestión principal de fondo es “por qué se estuvo utilizando la Caja como si fuera un banco privado para negocios de los políticos”, en referencia a actividades como la implicación de Caja Segovia en operaciones urbanísticas como la de Navicoas.