El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea y los directores generales de Ordenación del Territorio y Planificación, Antonio Calonge, y Acción Exterior, Carlos Aguilar, respectivamente se han reunido esta mañana por videoconferencia con el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, para avanzar propuestas y cooperar en el objetivo de que la política migratoria sea en la práctica una ayuda para combatir la despoblación, informa Ical.

La reunión de hoy, según se informa desde la Junta, muestra la disposición por ambas partes de mantener una cooperación leal entre administraciones, y se produce tras la remisión desde la Administración autonómica al Gobierno de España de una serie de peticiones expresas en materia de política migratoria. Para la Junta, esta no debe ser solamente una política pública dirigida a la garantía de derechos y libertades de las personas migrantes, sino que además constituye una solución necesaria dentro de las respuestas ante los retos demográficos de territorios como Castilla y León.

A este respecto, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, preguntado esta misma mañana, en un acto público de Nueva Economía Forum, por los planteamientos de la Junta, manifestó que los valora, “lo tenemos en mente y que comunidades como la de Castilla y León muestren su disponibilidad, junto con otras comunidades autónomas y ayuntamientos, nos va a permitir trabajar juntos en los próximos meses”. Además, Escrivá también señaló ue “el Plan de Recuperación y Resiliencia contempla una cantidad significativa de fondos para poder desarrollar centros propios de la Administración General del Estado –trabajando con organizaciones no gubernamentales, después- para que incidan en esa distribución de los inmigrantes por todo el territorio, teniendo en cuenta las situaciones en la España despoblada”.

Algunas cuestiones abordadas en la reunión y expuestas por Francisco Igea -persiguiendo el objetivo de integrar a las personas inmigrantes como habitantes de Castilla y León especialmente de las zonas más despobladas- han sido la financiación de políticas activas de empleo, la eliminación de trabas administrativas que impiden que profesionales cualificados no pueden ejercer sus capacidades, evitar la creación de guetos o la contribución del Gobierno de España a campañas de comunicación semejantes a la ya iniciada por la Junta, con el propósito de posicionar la comunidad como una tierra de acogida de personas inmigrantes, refugiadas o asiladas. El proceso de modificación del Reglamento de Extranjería o la petición de aplicación de la reciente sentencia del Tribunal Supremo acerca del arraigo laboral de las personas inmigrantes también han tenido cabida en esta cita institucional.