El anteproyecto de Ley de Apoyo al Emprendedor aprobada por el Gobierno contempla ayudas fiscales de 120 millones de euros para los emprendedores de Castilla y León. Éstas podrían alcanzar alrededor de 24.000 beneficiarios entre personas físicas y pequeñas empresas que podrían acceder a deducciones en el impuesto de sociedades en el caso de reinversión de beneficios.

Según el análisis realizado hoy en Segovia durante la Comisión Territorial de Asistencia al Delegado del Gobierno, Ramiro Ruiz Medrano, la medida supondría un ahorro en Castilla y León de 37 millones de euros, y los incentivos fiscales a la inversión I+D+i supondría en la Comunidad hasta 25 millones de euros.

En el caso de la aplicación del IVA de caja para pymes en 2014, la ley podría beneficiar hasta 135.000 potenciales beneficiarios de esta medida, es decir, 85.000 autónomos y 50.000 pymes en Castilla y León. En este sentido, se calcula que se adelante el pago del IVA en una cuantía de 60 millones de euros en Castilla y León.

Según destacó Ruiz Medrano, el anteproyecto de Ley de Apoyo al Emprendedor aprobada por el Gobierno de España afecta a 201.600 autónomos, 166.200 pymes, 90.440 pymen sin asalariados y 68.800 pymes entre uno y nueve asalariados y 75.000 jóvenes demandantes de empleo en Castilla y León.

El delegado del Gobierno recordó que el anteproyecto tiene como líneas fundamentales, facilitar la cultura y la iniciativa emprendedora; apoyos fiscales y de Seguridad Social a los emprendedores; apoyo a la financiación de los emprendedores; fomento del crecimiento empresarial y de la contratación laboral; y favorecer la internacionalización de la empresa y la economía españolas.

Acompañado de los nueves subdelegados del Gobierno en Castilla y León, subrayó que “se trata de una ley integral y completa” que engloba la labor de prácticamente todos los Departamentos ministeriales con el objetivo de facilitar toda la actividad emprendedora y empresarial. Desde la constitución de empresas y su régimen fiscal, al apoyo a la financiación, incentivos fiscales, y a la necesidad de hacer más fluida la relación entre las empresas y las administraciones públicas, y, llegado el caso, de proporcionarles mayores facilidades a la hora de poder solventar dificultades empresariales a través de distintas medias ligadas a lo que se llama «segunda oportunidad».