El Gobierno autonómico ya ha tomado la decisión de “reconsiderar la aplicación del céntimo sanitario” y en estos momentos estudia diversas fórmulas que van desde la modificación de los tipos actuales a la devolución de su totalidad a los sectores profesionales, a los que, en estos momentos, se reembolsa la mitad. Así lo avanzó la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, en ‘Los Desayunos de Ical’, donde explicó que estas medidas responden a la caída del consumo que ha provocado el nuevo tributo en la Comunidad, que no a la recaudación, que al final del año podría situarse en torno a los 70 millones de los 100 previstos inicialmente.

Al respecto, reseñó que en el primer semestre del año, con un mes en vigor del gravamen (entró el 1 de marzo), se recaudaron en la Comunidad 24 millones de euros por el Impuesto Especial de Hidrocarburos, siete más que un año antes. Aclaró que la Comunidad recaudará por este tributo seguro, porque el mecanismo de financiación hace una estimación de la media ponderada de los consumos de los tres años anteriores, que se liquidará dentro de dos ejercicios, cuando se conocerá realmente su impacto.

La consejera remarcó que la revisión del tributo responde a la caída del consumo en las estaciones de servicio, que “lo están sufriendo” y pretenden que no les perjudique. Así, reiteró que tienen “varias alternativas”, que pasan por reducir los 4,8 céntimos que se pagan ahora, el tipo máximo, o por devolver la totalidad del mismo a los sectores profesionales. “Se está estudiando”, dijo.

Del Olmo trasladó que la caída del consumo de carburantes en la Comunidad por el céntimo “se ha dado aquí y no en otras autonomías”, como una especie, dijo, de “protesta” de los ciudadanos, cuando está implantado en nueve territorios. Asimismo, destacó que País Vasco, Aragón y La Rioja, donde no está activado, “nos están haciendo daño”. “Si todas las autonomías hubieran estado de acuerdo no hubiésemos tenido ningún problema”, lamentó.

 

Pacto fiscal

Este replanteamiento del céntimo sanitario se incluirá en el acuerdo fiscal que la Junta pretende alcanzar con los grupos parlamentarios y cuya negociación comenzará de forma inmediata, “en el mes de agosto”, según la consejera. Pilar del Olmo adelantó que “existe un abanico muy grande de posibilidades” sobre política fiscal, si bien quiso dejar claro que dos serán hilos conductores de las decisiones que se vayan a adoptar. Por un lado, incidir en el principio de progresividad para que los incrementos impositivos recaigan en mayor medida en las rentas más altas. Por el otro, buscarán un equilibrio entre los aumentos de recaudación y sus posibles repercusiones en la economía. “Siempre que pensemos en crear impuestos o en subirlos debemos pensar en sus consecuencias en el consumo y ahí es donde se debe encontrar un equilibrio”, razonó.

Del Olmo repasó algunas de las posibilidades que se deberán poner sobre la mesa para su estudio, como subir el Impuesto del Patrimonio, el de Actos Jurídicos Documentados y el de Transmisiones Patrimoniales, ligado al alza del IVA en estos dos últimos; recuperar el de Sucesiones y Donaciones, si bien habría que analizar el impacto que pudiera tener en la sucesión empresarial o, incluso, la creación de nuevos gravámenes propios, ya que Castilla y León es de las autonomías que menos tiene, dos, frente a otras que cuentan con 12.

Asimismo, se podría plantear elevar algunos tramos del IRPF autonómico y eliminar algunos beneficios fiscales. “Se trata de un abanico muy amplio que está en estudio”, resumió. En cuanto a las fórmulas de copago, defendió su utilización para financiar servios no esenciales, que tienen una “muy buena aceptación por parte del ciudadano”. “Preferimos que haya un copago que no eliminar directamente servicios que son demandados”, remarcó.

En este contexto, recordó el pacto fiscal está dirigido a la sostenibilidad de los servicios públicos y que deberá incluir una posición sobre qué es esencial y cómo se financia para plasmarlo en las cuentas del año que viene. “Nos estamos jugando lo que podrá hacer la Comunidad en los próximos años”.

 

Recaudación

La consejera analizó la evolución de la recaudación tributaria de los gravámenes de la Comunidad, y concretó que la de los tributos “tradicionales” (Actos Jurídicos Documentados, Transmisiones Patrimoniales y tasas), “sigue a la baja”. “Estamos sufriendo los efectos de la crisis y están cayendo respecto a la previsión presupuestaria”, dijo, para contrastar que el año de mayor recaudación en la Comunidad, 2006, se embolsaron más de 1.000 millones, y este año serán menos de 440. Por el contrario manifestó que los nuevos impuestos ambientales “están ingresando”.

No obstante, Pilar del Olmo trasladó que la recaudación de estos tributos tradicionales ha moderado su caída en los meses de mayo y junio, por lo que adelantó que existe un “atisbo para la esperanza” en cuanto a la evolución económica de la Comunidad para este año. Aunque no quiso pronunciarse sobre las previsiones de caída del PIB del 1,5 por ciento, remarcó que en los dos últimos meses del primer semestre del año descendió el paro y la bajada de la recaudación de la Comunidad “se atemperó”. “Espero que estos indicadores muy débiles puedan señalar un cambio de signo”, deseó.

 

Economía sumergida

Por otra parte, la consejera se refirió a la lucha contra la economía sumergida y recordó que “no existe ninguna estimación oficial” sobre su volumen. Asimismo, defendió la amnistía fiscal, como una recomendación de la OCDE para aflorar a los grandes defraudadores, que pueden campar a sus anchas por la Unión Europea, que no cuenta con una actuación coordinada en esta materia.

La consejera recalcó que países como Alemania e Italia han acometido una regularización fiscal, como la aprobada por el Gobierno actual, y sustanció también que el PSOE acometió dos procesos similares pero más “baratos” para los defraudadores y en un contexto económico mejor. En cuanto a los pequeños defraudadores, también comentó que “es muy difícil” combatir estas conductas, y se requeriría de muchísimos recursos.