Las grandes cifras de Castilla y León para 2011 ascenderán a 10.045,1 millones de euros, lo que supone una merma del 5,02 por ciento respecto a las de este año, 530 millones menos pero la mitad del recorte previsto inicialmente, que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha cifrado en 1.000 millones durante el debate sobre el estado de la Comunidad.
Herrera ha explicado que el proyecto de presupuestos de la Comunidad para el año que viene, que ha sido aprobado hoy en Consejo de Gobierno y se registrará mañana en las Cortes para su debate, es el “más restrictivo y austero de la historia de la Comunidad”, pese a lo que es “muy responsable”, “profundamente social y solidario”, garantiza la calidad en la prestación de servicios básicos y apuesta por un nuevo modelo de crecimiento económico para favorecer la creación de empleo.
Al respecto, ha recalcado que las cuentas, las segundas en la historia que sufren un descenso (en 2010 bajaron un 0,09 por ciento), destina el 69 por ciento del total de los recursos a sanidad, educación y servicios sociales, y también garantiza las inversiones productivas y el apoyo a los sectores con el 24 por ciento del total para el área económica (2.500 millones), comprometiendo un tres por ciento de las cuentas para ciencia y tecnología. «Uno de cada cuatro euros se dirigen a garantizar la inversión productiva y el apoyo a los sectores”, ha dicho, para aseverar que esto se logrará manteniendo el nivel de inversión de las cuatro empresas públicas y reforzando el apoyo empresarial potenciando los préstamos financieros reembolsables (Capítulo VIII), frente a las partidas a fondo perdido (Capítulo VII), que tendrán que “desaparecer”. Herrera también ha remarcado que se mantendrán las inversiones en infraestructuras iniciadas antes de 2011, se apoyará el dinamismo demográfico, el desarrollo rural y a las corporaciones locales.
Escenario
Unos presupuestos, ha proseguido en su alocución el máximo responsable del Gobierno regional, elaborados dentro de una previsión de “inicio de la recuperación económica” pero acompañados de un elevado “grado de incertidumbre” sobre la misma tanto a nivel nacional como internacional.
Herrera ha concretado también que los presupuestos de la Comunidad para el próximo ejercicio llegan condicionados por una merma de los recursos del nuevo modelo de financiación, que está “fenecido” (5.523 millones, que suponen 562 menos que este año); y por una capacidad de endeudamiento limitada, del 1,3 por ciento del PIB, con 747 millones, que utilizará hasta su techo la Comunidad en 2011 para inversiones (en 2010 no se agotó el 2,4 por ciento y se empleo un 2,18 por ciento, con 1.231 millones).
Tres decisiones
Bajo esas premisas, Herrera ha basado su previsión de recorte inicial de 1.000 millones de euros, con 483 millones menos de deuda y 500 de rebaja del nuevo modelo por la merma de ingresos tributarios y la devolución de las liquidaciones negativas de las entregas a cuenta de 2008. Sin embargo, ha precisado que los ingresos tributarios previstos por el Gobierno se elevarán un 44 por ciento, lo que supone que “ha fallado radicalmente la previsión de ingresos del modelo de financiación” a través de los instrumentos de solidaridad.
Así, ha continuado el presidente, la Junta ha adoptado tres decisiones que han supuesto mejorar en casi 500 millones sus malos augurios iniciales, que pasan por incorporar a las cuentas los 211 millones a los que “tiene derecho” Castilla y León del Fondo de Cooperación. Unos fondos que pedirán si es necesario en los tribunales, al no entender que el Gobierno los elimine como compensación a las liquidaciones negativas de las entregas a cuenta de 2009, que aún no se conocen.
Asimismo, ha manifestado que Hacienda les ha permitido computar los 88 millones de la primera devolución de la liquidación negativa de 2008 como ingresos de endeudamiento sin incurrir en déficit. Por último, ha indicado que se incorporan 97 millones al Capítulo VIII, como créditos reembolsables, que supone un endeudamiento que tampoco incurre en déficit.
Plan B
En este contexto, ha incidido en la gran incertidumbre generada por el Gobierno, y ha recordado las advertencias del gobernador de España, de la necesidad de elaborar un ‘plan b’, si fallan las “optimistas” estimaciones del Ejecutivo que dirige José Luis Rodríguez Zapatero.
En este sentido, ha asumido que si no se cumplen las previsiones de ingresos tendrá razón el gobernador y el Gobierno tendrá que laborar un ‘plan b’ y las autonomías también. Pero es que se “presupone”, dijo Herrera, que esas previsiones son ciertas, y proceden de un Gobierno responsable. Sin embargo, Herrera ha repetido que las cuentas parten marcadas por un margen de “incertidumbre e inestabilidad. “El problema es ese, la confianza”, dijo, para recordar también al gobernador del Banco de España que son las autonomías las que son responsables de los servicios básicos, que “no se pueden sostener con el modelo actual”.
Inversiones
Herrera también ha querido dejar claro que Castilla y León es una de las cuatro autonomías menos endeudadas, con el 6,1 por ciento del PIB, frente al 9.9 por ciento de la media de las autonomías.
Ha aclarado que la limitación al 1,3 por ciento del PIB de la capacidad de endeudamiento repercutirá directamente sobre las inversiones, que bajarán un 32 por ciento, hasta los 843 millones de euros.
Herrera ha trasladado también que a esta cantidad habría que sumar los 692 millones de inversión de las empresas públicas, que mantiene su nivel de gasto, hasta un total de 1.535 millones, que representarían un descenso más moderado del 21 por ciento, que repercutirá sobre todo en Fomento y Medio Ambiente, cuando en el Estado la rebaja gobal alcanzará, dijo, el 30 por ciento.
Beneficios fiscales
Junto al cumplimiento del límite del déficit, Herrera se ha congratulado de que la Junta no sólo no elevará la presión fiscal, sino que incrementará los beneficios fiscales, que constituyen “política que coadyuvan al dinamismo económico”. Al respecto, ha precisado que los beneficios fiscales llegarán a 395 millones de euros, que repercutirán en la economía de 320.000 ciudadanos de la Comunidad.
Austeridad y Priorización
Herrera ha expresado que la rebaja de gasto obligó a la Junta a intensificar su exigencia en la priorización del gasto e intensificar al “grado máximo” la austeridad, ya que toda la reducción del gasto recaerá sobre las consejería, con una merma del 6,4 por ciento, ya que la sección 21 (deuda) se elevará, y los recursos de la PAC, con 923 millones, permanecerán inalterables. Al respecto, ha reseñado las medidas tomadas para rebajar altos cargos, la rebaja de las retribuciones de los empleados públicos, cuyo esfuerzo agradeció fervientemente, las restricciones en las ofertas públicas de empleo, y la rebaja en los gastos corrientes.
Junto a esto, se ha referido a la reestructuración de los entes instrumentales de la Junta, incluida en la Ley de Acompañamiento, que supone la desaparición de una fundación y cuatro entidades. Ha añadido también la nueva minoración del gasto corriente en las consejerías no sociales, con un 25 por ciento acumulado desde 2009.
Somos más pobres
El presidente regional ha incidido en el “importante y duro ajuste” de unos presupuestos “austeros y restrictivos”, que afectará, ha dicho, a “todas las políticas y consejerías” de la Junta, fruto de la “necesaria contracción del gasto público, por el menor nivel de recursos disponibles”. “Evidentemente somos más pobres y los ciudadanos valorarán a quién se debe esto”, ha reconocido tras la vuelta de las cuentas de la región a niveles entre 2007 y 2008, para asumir su “responsabilidad personal e intransferible” en que en la Comunidad se sigan dispensando servicios básicos de calidad.
Reestructuración consejerías
Herrera ha desdeñado la reestructuración de las consejerías como medida de mejora de las cuentas e incidió en su apuesta por el gasto social, 69 por ciento, y el económico, 24 por ciento, frente a un gasto operativo inferior al tres por ciento. En este sentido y frente a las críticas de la oposición por no reducir el número de departamentos, ha expresado que se cree su modelo “y el que tenga otro que lo plantee y los ciudadanos decidirán”. Ha agregado que el esfuerzo no puede ser lineal para todas las consejerías y ha reseñado que sus apuestas se las podrán “reprochar” los ciudadanos “dentro de ocho meses”, por las elecciones autonómicas.