El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, expresó hoy el respeto a la sentencia del Tribunal Constitucional en contra del confinamiento de la población acordado en marzo de 2020, pero culpó también al Gobierno central de “inacción” por no dar a las comunidades las herramientas para adoptar medidas eficaces y con seguridad jurídica.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea advirtió de que la valoración, tras tumbar el Constitucional el primer estado de alarma, sería la misma que cuando se rechazó el toque de queda nocturno que implantó el Gobierno de Castilla y León para atajar la segunda ola.
Así, reiteró que la justicia es una garantía, que forma parte del Estado de Derecho y que la Junta respeta la decisión de los tribunales, aunque se detuvo en que ha provocado una situación difícil a la hora de acordar medidas eficaces, como un toque de queda limitado a municipios con más incidencia.
En tal sentido, volvió a culpar a “la inacción” del Gobierno central de que las comunidades no puedan aprobar medidas eficaces y con una garantía jurídica, donde censuró que tras 16 meses de pandemia el Ejecutivo de Sánchez no haya atendido la petición de las autonomías, entre ellas Castilla y León, de contar con una nueva ley de Salud Pública.
Con ese argumento de “inseguridad jurídica”, tras el informe de los Servicios Jurídicos de la Junta que han desaconsejado un toque de queda municipal y limitado, Igea insistió en que “no pueden tomar decisiones ilegales a sabiendas porque es un delito”. “La Junta no va a ir en contra de los servicios jurídicos y de las sentencias”, anotó.
Ante una situación que calificó de “preocupante”, asumió que la política no da las respuestas que exige la evolución de la pandemia, con un aumento de la incidencia y de ingresos, en relación a la falta de herramientas para poner en marcha las medidas para atajar esta quinta ola.
