La Junta de Castilla y León mantuvo hoy que los ayuntamientos de la Comunidad tienen la obligación de cumplir la Ley de Economía Sostenible, que les obliga a auditar sus cuentas para recibir la transferencia correspondiente de ingresos de la recaudación de impuestos.
“La ley de se debe cumplir, guste más o menos”, valoró el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno cuando se le preguntó por la advertencia a 730 municipios de Castilla y León, que no han enviado la información requerida.
De Santiago-Juárez recordó, conforme a los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, que no es un caso específico de Castilla y León y puso el acento en que el número de consistorios que no han cumplido en la Comunidad está en el 30 por ciento, por debajo del 50 por ciento de la media estatal.
En su reflexión, remarcó que la advertencia del Gobierno se dirige a 750 de los 2.248 ayuntamientos de Castilla y León mientras que la reclamación global afecta a 4.000 de los 8.000 de España.
El Gobierno ha avisado a esos municipios de que en octubre podría dejar de transferirles su parte correspondiente a los ingresos de la recaudación de impuestos por no haber liquidado el ejercicio fiscal 2010 antes del 31 de marzo. Así lo establece la Ley de Economía Sostenible, aprobada por las Cortes Generales y que está en vigor desde marzo. En ella, se señala que aquellas corporaciones locales que incurran en este capítulo de la norma, podrían ver bloqueados estos fondos, si bien la idea del Gobierno no es retener ese dinero, sino que los ayuntamientos auditen sus cuentas.
