La Junta de Castilla y León deberá asegurar y mejorar la transparencia en el proceso de vacunación en Castilla y León, tras la aprobación por unanimidad hoy en la Comisión de Sanidad de las Cortes de una Proposición No de Ley (PNL) de Ciudadanos (Cs), que le compromete a publicar toda la información sobre los criterios, protocolos y los registros establecidos.
La PNL compromete, además, a la Junta a manifestar su rechazo a cualquier comportamiento que implique saltarse el plan de vacunación o un abuso de la posición política para acceder antes al antiviral.
“Si se diera este caso, se motivaría el mandato ético para pedir la dimisión o cesar de manera inmediata a cualesquiera de los cargos públicos – electos o altos cargos designados, por lo que exigen al Ejecutivo autonómico que guarde y haga guardar este compromiso”, destacó Cs en una nota de prensa recogida por Ical.
La procuradora de Cs por Palencia, Alba Bermejo, reivindicó la ejemplaridad de los representantes de los castellanos y leoneses, y mostró “su rechazo más absoluto a todos aquellos comportamientos indignos y corruptos que han protagonizado algunos cargos”.
Bermejo ahondó en los cientos de cargos públicos que han hecho un uso fraudulento de su estatus para colarse, para robar la vacuna a personas mayores o a las personas que realmente lo necesitaban, lo que , en su opinión, es «una corruptela en toda regla”.
La parlamentaria autonómica también hizo referencia a la intervención de su compañero en el Congreso, el diputado Guillermo Díaz, que señalaba “de forma clara y directa el bochorno que produce que más de 500 políticos y sus familiares hayan sido protagonistas de este escándalo lamentable”. “El ‘vacunagate’ – como lo ha apodado la prensa – pasará a la historia como uno de los episodios más infames de la política”, sentenció.
De vuelta en Castilla y León, la procuradora recordó que la Comunidad cuenta con mecanismos que velan por el correcto desempeño de la función pública de los altos cargos a través de leyes y acuerdos por el que se aprueba la actualización del código ético y de austeridad.
De hecho, la Ley de Altos Cargos contempla un régimen sancionador, así como el procedimiento a seguir a través de la Comisión de Ética Pública y que instruye la Inspección General de Servicios.
“Saltarse la lista de vacunación podría llegar a considerarse un incumplimiento que podría ser constitutivo de una infracción grave, que llevaría aparejada una la imposición de una sanción, sin perjuicio de otras consecuencias y responsabilidades que deriven de ella”, advirtió.
Es por ello, que la procuradora apeló a que se avance en la campaña de vacunación contra el COVID-19 con los mismos estándares de publicidad e información que han caracterizado la gestión de esta pandemia por parte de la Junta.
Con esta PNL, Cs pretende contar con el “rechazo tajante y sin paliativos” de las conductas de aquellos cargos públicos que “cometieron un uso fraudulento de su posición para robársela a las personas que más la necesitaban”.
Apoyo con matices
Por el Grupo Popular, Noemí Rojo calificó de “vergonzoso” que políticos hayan abusado de su posición para vacunarse antes del resto de la población y de cuando les corresponde por su grupo y valoró la eficacia de las vacunas, si bien apoyó que se haga desde la transparencia para que todos los ciudadanos conozca la situación.
Rojo manifestó que se necesitan “menos pegatinas del Gobierno y más vacunas” para iniciar la vacunación masiva a la población y añadió que “deberíamos estar vacunando todos los días para llegar a la ansiada inmunidad de rebaño”. “Las vacunas son seguras, las vacunas salvan vidas”, cerró.
El socialista Jesús Puente afirmó que esos comportamientos se deben condenar y señalar pero estimó que también se deben buscar “las grietas por las que se cuelan los espabilados”, por lo que indicó que hay que buscar los “errores” ya que observó “improvisación” en el plan de la Consejería de Sanidad.
“Transparencia sí, pero exploración de las causas también”, sostuvo, para incidir en la elaboración de los listados desde Salud Pública, donde apuntó errores en el caso de universitarios, en que no sobren dosis y en la falta de homogeneidad entre las directrices en las gerencias territoriales. Puente expresó las quejas de profesionales de Salud Pública de ser “meros conserjes” al estar centralizado en Sacyl.
El socialista anunció el voto a favor aunque estimó que se podía haber ido más allá para que la PNL no se quede solo en “un titular o en la superficie”, sino pedir explicaciones a las personas que permiten que esos casos ocurran o que “no taponen la entrada de oportunistas”.
Alba Bermejo defendió la actualización del plan de vacunación de la Consejería de Sanidad, expresó la dificultad en la elaboración de los listados y concluyó que quienes “se han colado” en su turno de la dosis “no tienen ninguna defensa”.
Por último, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, dio el apoyo a la propuesta pese a que consideró que “su trasfondo es más político que otra cosa”, si bien subrayó la necesidad de exigir responsabilidades para quienes se salten el turno de vacunación que le corresponde.
