El alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, señaló hoy que la propiedad del polémico edificio de la calle San Marcos, número 25, a los pies del Alcázar de la ciudad, solicita a la administración un total de 2.205.000 euros netos en concepto de indemnización para estudiar o llegar a un acuerdo. Según palabras de Arahuetes, la cantidad final ascendería hasta los 4 millones de euros brutos, aproximadamente. Según palabras del propio edil, quien leyó el final de la carta remitida, “entendiendo que la indemnización detallada es neta, la cantidad por la que en su caso podría estudiar o llegar a un acuerdo asciende con la reserva de los datos finales a una cantidad 2.205.000 euros, a la que se añadirá el coste final -el importe bruto-. A esto se debe añadir que el proyecto tendría que ser actualizado y acondicionado de acuerdo con las nuevas características del edificio”.

Durante la votación de la moción presentada por Izquierda Unida para solicitar a la Junta de Castilla y León a reconsiderar el acuerdo adoptado por Patrimonio así como que se encargue de la posible indemnización, Arahuetes afirmó rotundamente que “con mi dinero no pienso pagar”, haciendo referencia a que el Ayuntamiento no es el responsable, y añadió que tendría que ser la Junta la que se encargue del importe.

La moción, aprobada por unanimidad, pedirá además opinión a la UNESCO sobre la construcción de este edificio que ha creado “el rechazo unánime de toda ciudad”, como señaló el concejal de Izquierda Unida, Luis Peñalosa. Por el contrario, el portavoz del Partido Popular, Jesús Postigo, señaló que pedir la intervención de la UNESCO “es perjudicar a Segovia” porque, según su opinión, “querer que otros resuelvan el problema es eludir nuestras responsabilidades”.

Postigo instó al Ayuntamiento a que “subsane los errores de los Planes Especiales” ya que durante su exposición manifestó que el consistorio nunca tendría que haber otorgado la licencia al edificio con el volumen que contemplaba. “No solo corresponde a la Comisión de Patrimonio sino que Ayuntamiento tiene que asumir responsabilidades pasadas, presentes y futuras”, explicó.

Por su parte, el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, afirmó que si el Ayuntamiento concedió la licencia es porque ésta, viene respaldada por diferentes informes además de la Comisión de Patrimonio, “porque las licencias son actos reglados y no dependen de la voluntad del que la concede”. En este sentido, hizo especial hincapié en que antes de otorgar las licencias “se recaban informes preceptivos y vinculantes”, y que de no darlas sería “mandado a la Fiscalía porque esto es una prevaricación”.

Para finalizar, Arahuetes señaló que no permitirá que nadie atribuya responsabilidades de actos pasados al actual Gobierno de la ciudad porque, en su opinión, “los responsables son los que votaron a favor en el Pleno de 1999, votó única y exclusivamente el Partido Popular y no tuvo los votos favorables ni del Partido Socialista ni de Izquierda Unida”.