La Fundación Caja Segovia rebaja en un año la petición de cárcel para tres de los seis acusados por apropiación indebida y administración desleal
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El abogado de la Fundación Caja Segovia, Rafael Yturriaga, rebajó ayer de cuatro a tres años la petición de prisión para el exsecretario general, Antonio Tapias, y de tres a dos años de cárcel para el exvicepresidente, Manuel Agudíez y la expresidenta del Comité de Retribuciones, Elena García Gil. En los tres casos por los delitos de administración desleal y apropiación indebida. Mientras que el abogado de IU, Alberto López Villa, retiró de su escrito como partícipes de título lucrativo a cuatro exdirectivos y sólo deja a Sánchez Plaza.
Yturriaga no modificó las peticiones, por los mismos delitos, de cuatro años de cárcel para el exdirector general de Caja Segovia, Manuel Escribano, y exdirector general de Recursos Humanos, Enrique Quintanilla, y de tres años para el expresidente de la entidad, Atilano Soto. El abogado de la Fundación Caja Segovia también solicitó que en caso de que los acusados, que resultaron beneficiados por las prejubilaciones, «resultaran absueltos» sean “condenados a título lucrativo” y se restituya a la Fundación «la cantidad percibida absoluta».
Por último, Rafael Yturriaga incluyó una tercera modificación en su escrito de conclusiones dirigido a la aseguradora Caser, para que sea condenada como responsable civil directo por el límite por cada unas pólizas formuladas en 2008, 2010 y 2011, por un importe global de 17 millones de euros. Los dos primeros años fueron por seis millones y el último por cinco millones de euros.
Por su parte, el abogado de la acusación popular que ejerce Izquierda Unida, Alberto López Villa, tal y como había anunciado a primera hora de la mañana, eliminó como partícipes a título lucrativo a los exdirectivos de Caja Segovia: Oscar Javier Varas; Juan Magaña; Juan Antonio Folgado y Malaquías del Pozo. Mientras que no cambió la petición de beneficiado a título lucrativo para el exdirector general de la entidad, Miguel Ángel Sánchez Plaza.
López Villa afirmó que cambio de clasificación obedece a su inclusión en el plan de prejubilaciones “no fue todo lo voluntaria que requiere esa figura”. Así como que la responsabilidad civil recaiga sobre el resto de los acusados. IU Segovia en principio mantiene penas de cárcel de hasta ocho años de cárcel para los principales imputados.
La representante del Ministerio Fiscal se limitó a “elevar a definitivas” sus conclusiones iniciales. En cuanto a los abogados de las defensas, todos comunicaron a los magistrados que juzgan esta causa, su intención de solicitar que las costas del proceso sean imputadas a las dos acusaciones: la Fundación Caja Segovia e Izquierda Unida
Los abogados de Escribano, Tapias, Agudíez y Soto, del bufete Rodríguez Ramos, anunciaron la presentación conjunta de una relación “de documentos relevantes”, donde expondrán las razones de los hechos que los acreditan. El penalista Luis Rodríguez, en su breve intervención, aseguró que piden la costas para las acusaciones porque han actuado “de mala fe”.
Todos los abogados defensores de los seis partícipes a título lucrativo y el abogado de la aseguradora Caser se sumaron a la petición de condena en costas para la Fundación Caja Segovia e Izquierda Unida. El juicio de las prejubilaciones de Caja Segovia se reanudará el martes 19 de febrero, a las 10.00 horas, y ya hay prevista otra sesión para el jueves 21, para la presentación de los informes finales de cada una de las partes.
