La sociedad Palacio La Faisanera S.L., participada en un 95 por ciento por la Diputación y el 5 restante por la Cámara de Comercio e Industria de Segovia, firmó hoy con los representantes legales de la unión temporal de empresas (UTE) Ortiz-Segesa el contrato de adjudicación definitiva de la segunda fase del palacio de congresos y exposiciones de Segovia. La firma del acta de replanteo también tendrá lugar en los próximos diez días para iniciar las obras con un plazo de ejecución de doce meses.
El administrador único de La Faisanera, Javier de la Orden (en representación de Verae Abogados y Economistas), precisó que la firma del contrato tuvo lugar esta mañana, tal y como se acordó a finales de la semana pasada, y por el precio ofertado durante el concurso que se ha desarrollado durante los últimos cuatro meses.
La UTE formada por Ortiz Construcciones y Proyectos y Segesa Obra Civil y Edificación obtuvo la adjudicación inicial el pasado 20 de mayo tras presentar una oferta que ajusta el presupuesto a 3,8 millones (con IVA), 400.000 euros por debajo del precio de licitación. Segesa ya ejecutó la primera fase con un coste final próximo a los tres millones y el proyecto en su conjunto rondará los siete, sufragados por la Junta con una subvención diferida en diez años; si se computa el valor del suelo asciende a unos 20 millones, según las cuentas de la promotora.
La segunda fase se presenta así como la más costosa, ya que “ahora se trata de hacer el cubo y terminar el palacio”, resumía recientemente en declaraciones a Ical el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, en referencia al auditorio que ocupará el patio interior tras acometerse el cerramiento. Tendrá capacidad para 800 personas y es la única infraestructura pendiente para completar la reconversión del antiguo pabellón de caza de La Faisanera, ubicado en Palazuelos de Eresma, a unos seis kilómetros de Segovia capital; en total, 4.000 metros cuadrados de superficie construida sobre una parcela de casi 10.000.
Los próximos meses se perfilan claves para determinar los plazos para la puesta en marcha de las nuevas instalaciones. Vázquez admitió que su “deseo” habría sido inaugurarlas antes de que acabara esta legislatura (mayo de 2015), pero apuesta por “ir sin prisa aunque todo se haga un poco más tarde, porque lo importante es que quede bien”.
Al proyecto le quedará todavía una tercera fase, “todo lo relativo al aparcamiento que hay que acondicionar, equipamiento y algunas cuestiones más”, aunque se podrá ejecutar en paralelo a la segunda. “Requerirá mucho menos tiempo que ésta”, por lo que La Faisanera S.L. tiene margen por delante para redactar las bases y tramitar la adjudicación sin retrasar más el final de la obra.
Gestión y captación de eventos
Respecto a la fórmula de gestión del palacio por la que se optará finalmente, Vázquez avanza que no se tomará una decisión hasta los últimos meses de la legislatura, ya en 2015. “Lo iremos pensando mientras avanzan las obras”, apunta, aunque sigue siendo partidario de cederlo a manos privadas o a “un consorcio de derecho público”.
Entretanto, técnicos del Patronato Provincial de Turismo ya trabajan desde el año pasado en la promoción del palacio de congresos; en diciembre viajaron a Sevilla para participar en MITM Euromed, una feria de referencia dentro del mercado de congresos, reuniones y eventos; y el propio Vázquez presentó en abril el proyecto en Alimentaria (Barcelona).
Sin embargo, el calendario de eventos del renovado pabellón de Palazuelos de Eresma no empezará a cobrar forma “al menos hasta otoño de 2015 o invierno”, fechas en la que se espera cerrar la captación de las primeras citas. “No queremos comprometernos con nada mientras las obras no estén terminadas”, explica el presidente de la Diputación.
“Para incentivar” el cumplimiento del cronograma de la segunda fase pueden servir las importantes penalizaciones que establece el contrato de adjudicación en caso de demora injustificada, según reconoce Vázquez. Se han fijado plazos parciales de ejecución de los trabajos con sanciones que se multiplican por cada día de retraso a partir del decimosexto, si es que la constructora no ha logrado recuperar el tiempo perdido en las siguientes subfases.
Además, si la adjudicataria incumpliera el plazo de ejecución final de la obra se expondría a pagar una sanción máxima que puede llegar a superar los 230.000 euros; siempre y cuando se demostrara, claro está, que esa demora es imputable a la constructora. En concreto, “la penalización será del 3,5 por ciento del precio global (de la fase) que se multiplicará por cada día natural transcurrido desde el decimosexto día a partir de la fecha prevista de terminación de la obra”, recoge el pliego de condiciones. No obstante, en ningún caso podrá superarse una cuantía equivalente al 7,5 por ciento.
La adjudicataria, por tanto, también podría prolongar los trabajos hasta mediados de julio de 2015 sin penalización. Pero el siguiente paso debe ser el inicio de las obras, que se producirá en los próximos días.