IU denuncia que se destinen 6 millones de euros para privatizar la realización de tests de antígenos en la región

Izquierda Unida de la provincia de Segovia ha calificado como vergonzoso que la Junta de Castilla y León vaya a pagar más de 6 millones de euros en total a tres empresas elegidas a dedo para la realización de 200.000 test de antígenos en zonas con alta incidencia de COVID-19. La organización lamenta que un servicio de tanta importancia, y más en plena sexta ola, se haya adjudicado a estas tres compañías, de las cuales dos están directamente relacionadas con ex cargos del Partido Popular.

“Es completamente inadmisible que desde las administraciones públicas el PP esté utilizando la pandemia para lucrar a sus afines”, señala Carlos Serrano, candidato de Unidas Podemos por Segovia para las elecciones del 13 de febrero. “Desde Izquierda Unida exigimos que estas adjudicaciones sean por concurso público, y que las bases sean claras, transparentes y accesibles al conjunto de la ciudadanía de Segovia y de toda Castilla y León”.

El responsable de Movimientos Sociales de IU Segovia recuerda que en los últimos días se han detectado numerosas carencias en la prestación de este servicio. Han sido muchas las quejas de las personas que han acudido a hacerse test de antígenos, no solo por tener soportar enormes colas a la intemperie, sino también porque en ocasiones estos test se acaban antes de la hora de cierre.

“Una vez más, parece que el Partido Popular está más preocupado en dar negocio a sus conocidos que en hacer una buena gestión de los recursos de la ciudadanía. La salud no es un juego ni un negocio, y los intereses de la sociedad deben estar por encima del beneficio económico de unos pocos”, apunta Serrano.

El candidato de Unidas Podemos por Segovia ha remarcado la necesidad de seguir trabajando para potenciar y proteger la sanidad pública, un pilar fundamental para el bienestar de nuestra provincia. “Segovia ha sido una de las grandes olvidadas de la Comunidad en materia sanitaria, y la pandemia ha evidenciado aún más esta realidad. La atención primaria está colapsada, los derechos laborables han sido mermados, y aún así el Gobierno autonómico se empeña en privatizar servicios y favorecer a su círculo más próximo”, señala.