Agentes de la Policía Nacional han inspeccionado 129 establecimientos de hostelería de Castilla y León -de los más de 2.000 controlados en todo el territorio nacional- por la emisión ilícita de partidos de fútbol. La investigación se inició a finales del mes pasado cuando representantes de La Liga denunciaron a los titulares de diversos establecimientos públicos por un presunto delito contra la propiedad intelectual.
Según fuentes de la Policía Nacional, los responsables de los comercios presuntamente ponían a disposición de sus clientes contenido protegido por la normativa de propiedad intelectual sin autorización, lo que ocasionaba importantes perjuicios económicos a los titulares legítimos, al entender que esta actividad ilícita no solo afectaría negativamente a La Liga, los clubes y teleoperadores, sino también a los dueños de otros establecimientos públicos que sí pagan las correspondientes tarifas por emitir esos contenidos en sus locales.
Por comunidades autónomas, el mayor número de inspecciones se desarrolló en Andalucía, con 467, seguida de Madrid, con 332; Cataluña, con 239; Galicia, con 213; y Castilla y León, con 129. En el caso de las provincias de la Comunidad, se llevaron a cabo 40 inspecciones en Burgos; 37 en León; 21 en Valladolid; nueve en Zamora; seis en Soria; cinco en Palencia y Segovia; y tres en Salamanca y Ávila.
La Unidad Central de Ciberdelincuencia coordinó el operativo a nivel nacional para realizar las inspecciones necesarias durante la emisión de los partidos de cara a verificar los hechos denunciados y, en caso positivo, proceder a la desconexión de los dispositivos utilizados y la intervención del decodificador ilegal en su caso, así como a la citación del responsable del establecimiento para toma de declaración en dependencia policial.
Los agentes comprobaron que aproximadamente un 60 por ciento de los establecimientos inspeccionados realizaba esta actividad ilícita a través de diversas modalidades. La más común es la utilización de un decodificador “vitaminado”, al que ilegalmente se le había alterado el ‘firmware’ para poder decodificar la señal privada y acceder a su visionado. En la actualidad se siguen investigaciones para el esclarecimiento de estos hechos delictivos a través de los testimonios de los infractores y del análisis de los más de 800 dispositivos decodificadores intervenidos.