El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, consideró hoy “suicida” que las cajas de Castilla y León se capitalicen para cumplir los requerimientos de la nueva normativa y apostó mantener “entre todos”, en referencia a los órganos de gobierno y directivos de las entidades de ahorros, la naturaleza jurídica de las cajas, y en especial de la fusionada Duero-España, pero advirtió de que “no hay recursos” para sustituir una posible nacionalización por una regionalización, si no llegan al cuore capital exigido por el Gobierno.
Ante la nueva reforma planteada por el Gobierno sobre la reestructuración del sistema financiero, el portavoz del Grupo Mixto, Joaquín Otero, pidió conocer la posición de la Junta y planteó algunas iniciativas: si las comunidades, con cargo a su presupuersto, pueden adquirir cuotas participativas para la recapitalización de las cajas, si van a acudir al FROB o la salida a bolsa.
Otero, como Herrera, defendió la naturaleza jurídica de las cajas por su obra social, la implantación en casi todo el territorio y el amparo a clientes con recursos pequeños así como por su “flexibilidad” con las pymes. El portavoz del Grupo Mixto se preguntó qué puede hacer la Junta y planteó una opción: que haga un “frente” con comunidades, como Galicia, para que se rebaje al siete por ciento la cuota de capital cuore exigido a las cajas.
También propuso que la Junta adquiera cuotas participativas o que “influya en grandes empresas y fortunas” de Castilla y León para que ayuden a la capitalización, al tiempo que abogó por que “no se caíga en la tentación” de que se constituyan en bancos o en otros SIP. Otero insistió en que hay que evitar que las cajas, en especial Duero-España, acuda a la nacionalización o al FROB.
A falta de que el Gobierno concrete la reforma, Herrera manifestó que parece que se hace incidencia en el cuore capital que deben tener las cajas en septiembre para no acudir a la nacionalización, recordó que se debate sobre si bancos y cajas deben tener el mismo nivel y concluyó que ya la ley actual recoge que las cajas puede crear un banco para la gestión de su negocio, lo que, a su juicio, no significa que vayan a desaparecer dado que deben mantener un 50 por ciento.
Sobre la posición de la Junta, manifestó que sería “suicida” que las cajas de Castilla y León se capitalicen por los requerimientos de la nueva normativa, abogó por mantener la naturaleza jurídica de estas entidades y concluyó con una critica al nuevo cambio propuesto por el Gobierno, que enmarcó en un “nuevo despropósito y una improvisación de un Gobierno que más pronto que tarde se tiene que marchar”.
Herrera concluyó que la reforma del Gobierno puede estar justificada para que las cajas recuperen la solvencia en los mercados internacionales y puedan facilitar crédito a las empresas y las familias, pero añadió que ese “cambio de las reglas del juego” ha sorprendido y añadió que tampoco se sabe si los cambios van a afectar a los órganos de gobierno de estas entidades y a la Lofca.
Por su parte, Otero recordó que la caja fusionada Duero-España, aunque “se ha diluido como músculo financiero”, precisa entre 1.000 y 1.300 millones para su capitalización, pero defendió como “justo y razonable” que “la caja siga siendo caja y que sea la caja de Castilla y León.