El PP de Castilla y León alertó de los recortes de la PAC y del perjuicio que ocasionará al sector primario de la Comunidad las modificaciones planteadas por el Ejecutivo central.
La portavoz de Agricultura en el Congreso , Milagros Marcos; el portavoz de Agricultura en el Senado, Jorge Martínez Antolín; y parlamentarios nacionales del PP mantuvieron hoy un encuentro con los responsables de las organizaciones agrarias de Castilla y León (Asaja, UCCL, COAG, UPA).
En la reunión, los ‘populares’ acusaron al Ejecutivo central de “modificar las reglas del juego sin exigirlo la Comisión europea, sin consenso con las comunidades autónomas y recortando ayudas”, a través de un Real Decreto que modifica la aplicación en España de la PAC en los años 2021 y 2022, en el que se cambian las reglas actuales de pago de las ayudas dos años antes de los que plantea la Unión Europea.
“El Gobierno ha ninguneado sistemáticamente a las comunidades autónomas, ha actuado con oscurantismo al negar información sobre los cambios que pretende introducir en la PAC y ha provocado una enorme inseguridad en el sector”, aseguró.
Desde el PPCyL señalan que con el Real Decreto, el Gobierno adelanta las modificaciones del modelo antes de que llegue la nueva PAC en 2023, así, los agricultores y ganaderos sufrirán los recortes de dos formas. Por un lado, modifica los actuales criterios de convergencia del valor de los derechos de pago básico en solo dos años y elimina el límite máximo actual para que nadie pierda más del 30 por ciento.
Por otro lado, habrá sectores que se verán más directamente afectados por la convergencia y también por las nuevas normas de aprovechamiento de los pastos, como son el vacuno de cebo y el ovino-caprino. Estos sectores reciben ayudas de la PAC, que son “imprescindibles” para su estabilidad, ya que a menudo se sitúan fuera de los márgenes de rentabilidad como consecuencia de las fluctuaciones de las cotizaciones de la carne y de la leche y de sus costes de producción, agravados por la demonización sistemática de la carne por parte del Gobierno y las subidas de impuestos. “ Todo ello a pesar de ser el sector que más contribuye a luchar contra la despoblación”, dijo.
Es por ello, que exigieron negociar y acordar con las comunidades autónomas todos los cambios que se propongan en la PAC con carácter previo al inicio de su tramitación y acordar con ellas los criterios y plazos para que la convergencia en los derechos no sea un atentado a agricultores y ganaderos, se haga con consenso y en los plazos previstos en la normativa europea (hasta 2026).
“Se debe mantener los criterios de aprovechamiento de las superficies de pastos o diseñar un nuevo modelo para las explotaciones sin tierra, para los sectores de vacuno de cebo y ovino caprino antes de introducir modificación alguna”, destacó.
