Aunque no se pueda decir con toda seguridad que nunca un edificio levantó tanta polémica, sí es cierto que el número 25 de la calle San Marcos en la capital segoviana ha removido las voces y ecos de toda la ciudad. La polémica está servida respecto a la construcción de un edificio situado en la pradera del emblemático Alcázar segoviano. Totalmente legal, actualmente en estudio por parte de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Segovia, y un «adefesio» para las primeras voces en denunciarlo.

El 3 de junio de 1999 el Gobierno municipal del Partido Popular que regía entonces la ciudad aprobó, a diez días de las elecciones, el Plan Especial de San Lorenzo, Valle del Eresma y San Marcos bajo el que se acogería la actual construcción y cuyo proyecto prevé la construcción de un inmueble de dos plantas y un sótano que inicialmente contemplaba133 metros cuadrados, pero que en cuya autorización final la cifra se eleva hasta los 700 m2 . Para muchos, el futuro edificio genera un gran impacto visual negativo en el entorno de esta zona en la que se contemplan las vistas del Alcázar segoviano, la iglesia románica de San Marcos o la iglesia de la Vera Cruz.

Parece que ajenos a esta cuestión y en todo caso dentro de la legalidad, la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, emitió un dictamen favorable a la construcción del inmueble en el año 2008, y la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la capital concedió la licencia de obra en 2009 para derribo del anterior edificio y construcción de una vivienda unifamiliar, y alojamientos turísticos. El comienzo de la construcción ha sido el comienzo de la discusión.

 

Primeras reacciones

Los cimientos del futuro edificio han creado con ellos un cruce de acusaciones entre las tres fuerzas políticas de la ciudad, PSOE, PP e IU, además del levantamiento de voz de agrupaciones sociales e histórico-artísticas de la capital del Acueducto como la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce o la asociación Amigos del Patrimonio.

Fue esta última la que en primer lugar manifestó sentir “vergüenza, indignación e impotencia”, ante la construcción de este inmueble del que, señalaron, podía haberse evitado hasta el último momento. La asociación explicó que la admisión de una alegación que presentó al Plan Especial de Protección Histórico-Artística (PEAHIS) en 2010 en la que proponía que se respetaran las alturas y espacios libres del proyecto inicial, habría evitado lo que ahora es imparable. La asociación criticó duramente el impacto visual que el número 25 de la calle San Marcos creará en el entorno desde la carretera de Arévalo, como también lo hiciera recientemente la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce.

A través de su presidente, Rafael Cantalejo, la Academia remitió una carta al delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, Javier López-Escobar , que también es cabeza de la Comisión Territorial de Patrimonio, pidiendo soluciones y considerando que, como cuestión que afecta al Patrimonio de la ciudad, ésta debería tener más peso en este tipo de decisiones.

 

Dentro de la legalidad

Por su parte el alcalde de Segovia, el socialista Pedro Arahuetes, reiteró en diferentes ocasiones que el Ayuntamiento de Segovia no puede impedir la construcción, porque “si yo dicto un decreto denegando la licencia de obras a ese edificio, cometería un delito». Según aseguró el alcalde, si se modificara el planeamiento urbanístico para impedir el edificio que, cuenta con amparo legal, o si se eliminara una de las plantas, habría que indemnizar al propietario con 2 millones de euros, por lo que el regidor argumentó que no paralizará la obra o anulará el permiso de obras, salvo que un juez lo determine. Arahuetes, no dudó en criticar al “desgobierno del PP”, señalando que fueron sus decisiones las que han llevado a la actual situación.

Pero para otra de las partes, la del portavoz del Partido Popular de Segovia , Jesús Postigo, el actual Ayuntamiento, pudo, y tuvo, la responsabilidad de hacer mucho más. El popular señaló que el consistorio segoviano pudo renegociar la construcción del polémico edificio para configurar uno de menor impacto visual. Postigo señaló no entender por qué el regidor se escuda en el Plan Especial de San Lorenzo, Valle del Eresma y San Marcos, ya que como señaló, un alcalde debería tener otras posibilidades de actuación.

Sin embargo, el portavoz de Izquierda Unida, Luis Peñalosa, opinó que a quien hay que pedir explicaciones es a la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, quien emitió el dictamen favorable en 2008. En opinión de IU el polémico edificio incumple la Ley de Patrimonio de Castilla y León, de la que señala, debería estar por encima de los planteamientos urbanísticos.

Los últimos en incorporarse a la denuncia del número 25 de la calle San Marcos fueron los miembros del partido político UPyD Segovia, quienes opinaron que todos los partidos, PSOE, PP e IU, “son corresponsables por no haber promovido las medidas oportunas para que esta licencia no se hubiera concedido”. Una vez más, UPyD aprovechó para calificar el Círculo de las Bellas Artes y la Tecnología (CAT) de la ciudad “como proyecto insostenible” y sugirió al alcalde de la ciudad que derive los recursos económicos del CAT a solucionar el caso de la construcción a los pies del Alcázar.

 

En manos de la Fiscalía

Los argumentos de IU sirvieron a su portavoz, Luis Peñalosa, a llevar el caso ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Segovia, quien al parecer ha abierto diligencias informativas. Peñalosa remitió una carta al delegado territorial, López-Escobar, poniendo en su conocimiento la elevación del caso ante la Fiscalía “para que compruebe sí el dictamen de la Comisión de Patrimonio se ajusta a la Ley de Patrimonio o se ha cedido ante los intereses de unos propietarios particulares”.

Asímismo IU solicitó a la Junta, a través de este escrito, la revisión del expediente desde el punto de vista del cumplimiento de su Ley de Patrimonio y demás normativa de protección del patrimonio que le afecta y añadió que “no se trata de buscar culpables pero si de enmendar el error y de evitar que el PEAHIS en tramitación tropiece en la misma piedra”

Para finalizar, Peñalosa sentenció que en su opinión, si la Ley de Patrimonio no impide “esta aberración”, sería una demostración palpable de que esa Ley “no sirve para nada y lo que habría que hacer es mejorarla”.

Parece que habrá que esperar al dictamen informativo de la Audiencia Provincial segoviana para conocer si el número 25 de la calle San Marcos incumple, o no, alguna normativa patrimonial y si el caso se archivará o continuará hacia delante con la pertinente paralización de las obras. Por el momento, la construcción continúa hacia delante y ya son varias las personas que curiosas toman fotografías del polémico edifico como si se tratara de uno de los monumentos más de la ciudad patrimonial de Segovia.