El Consejo de Cuentas de Castilla y León presentó un informe sobre la actividad económico-financiera del sector público local de nuestra Comunidad. El documento que ha presentado su presidente, Jesús Encabo, sustancia la necesidad de que las entidades “eviten el elevado porcentaje de modificación presupuestaria, así como mejorar el grado de ejecución de gastos e ingresos a efectos de conseguir un mayor ajuste entre los presupuestado y lo ejecutado”.
En el informe sobre gestión de recursos humanos de las empresas públicas del sector público local en 2008, el Consejo reclama modificaciones legales para delimitar un concepto único de empresa pública local, ante su dificultad para determinar el número de empresas que configuran el sector público empresarial local; para delimitar los importes por la asistencia a los consejos de administración; y para fijar límites en las retribuciones de los altos directivos.
El Consejo ha presentado también un informe sobre la fiscalización de la contratación del sector público local en los ejercicios 2009 y 2010. La Institución entiende que tanto los ayuntamientos como las capitales como las diputaciones, “cumplen razonablemente con la legalidad aplicable”. Sin embargo, detecta con carácter general el incumplimiento de las obligaciones de comunicación al Consejo y al Ministerio; la falta de criterios que han de servir para la adjudicación de los contratos, así como el informe técnico para justificar las puntuaciones otorgadas; y el incumplimiento en la justificación de los contratos modificados.
En relación a este informe, el procurador de IU, José María González, rechazó la expresión empleada por el Consejo de Cuentas, cuado habla de cumplir “razonablemente” la legalidad. Asimismo, manifestó la necesidad de que se pueda analizar la totalidad de la contratación pública, ya que “no debe haber ni una duda”, ya que la Administración se debe caracterizar por una “trasparencia absoluta”, con “paredes y techos de cristal, pero también mesas, cajones y archivos”.