Las familias de Sonia Sainz-Maza y Lidia Bayona, que fallecieron de cáncer y no fueron atendidas de manera presencial durante los peores meses de la pandemia, testificarán mañana lunes, 22 de febrero, ante la Fiscalía de Burgos que investiga estos casos para determinar si se trató de una “negligencia médica”.
Sonia Sainz-Maza falleció el pasado 13 de agosto de un cáncer de colon en estado avanzado, después de que fuese atendida por teléfono durante tres meses, lo que explica que solo le detectaran el cáncer que padecía cuatro semanas antes de morir, según sus familiares. Lidia Bayona, de 53 años, falleció el 27 de julio a causa de dos tumores y tras esperar durante cuatro meses una cita de Atención Primaria.
La Fiscalía se puso en contacto hace unos días con ambas familias para citarlas a declarar sobre el caso, con el objetivo de incluir su testimonio en la investigación. Las hermanas de ambas burgalesas, Lydia Sainz-Maza y Fátima Bayona, llevan meses denunciando esta situación, por lo que serán ellas las que acudan a esta citación para relatar lo sucedido.
Pese a ser las primeras en denunciar esta situación en la Comunidad, no han sido las primeras en ser llamadas a declarar. La madre de Lidia González, de 22 años que falleció de un tumor cerebral tras dos meses sin tratamiento, ya fue citada por la Fiscalía de Valladolid; mientras que la Fiscalía de Palencia hizo lo propio con la familia de Leonor Gil, que murió también de cáncer de colon tras seis meses esperando una cita médica presencial.
“Se les citó hace tiempo. Por eso estábamos algo extrañados de que la Fiscalía de Burgos no nos citase”, señala Sainz-Maza. Ante este retraso. la Asociación del Defensor del Paciente preguntó a la Fiscalía y poco después se pusieron en contacto con las familias. “Agradezco la insistencia de la Asociación y que la Fiscalía nos vaya a escuchar”, añade.
“A mi hermana Sonia no se la escuchó durante meses en la sanidad pública, solo se la oía hablar al otro lado del teléfono, nadie se sentó frente a ella para dedicarle unos cuantos minutos y preocuparse por sus dolores, así que creo que es de justicia que se escuche ahora a las familias”, señala Lydia Sainz-Maza.
La Fiscalía anunció en octubre la apertura de una investigación para determinar lo sucedido tras recibir la denuncia del Defensor del Paciente, que aportó cinco casos en la provincia de personas que, supuestamente, fallecieron por falta de atención presencial o que tuvieron complicaciones en su enfermedad. “Solo vamos a poner luz al abandono sanitario, imperdonable, injustificado que nuestros familiares sufrieron, y que con toda probabilidad adelantó su fallecimiento”, señala Lydia.
Esperanza en la justicia
“Mi hermana fue paciente de segunda, espero que no sea también una víctima de segunda ante la justicia y que reconozca que las excusas del COVID no pueden ser un coladero para que las negligencias médicas sean el pan nuestro de cada día”, subraya Lydia, que está “esperanzada” en que la Justicia, en la vía penal o civil, acabe “reconociendo que las excusas del COVID no justifican todo”.
Al respecto señala que la Justicia no puede “dar cobertura” a este tipo de situaciones, y critica que “algunos médicos” utilicen la situación sanitario “para actuar con absoluta negligencia”. “La justicia tiene que estar con las víctimas. No nos las va a devolver, pero creo que es hora de poner coto a esta situación, porque no puede continuar”.
La hermana de Sonia Sainz-Maza señala además que esta no es una situación que se haya dado solo en Burgos o en Castilla y León, sino que se está produciendo en toda España, y añade que hay pacientes que sí han recibido atención. “A ningún médico le puso la consejera de Sanidad ni la Junta una pistola en el pecho para que mantuviesen la atención telefónica durante meses, se dijese lo que se dijese al otro lado del teléfono”, apunta.
Al respecto recuerda la estadística de la Sociedad Española de Oncología Médica, en la que se decía que un 20 por ciento de cánceres no se han diagnosticado en 2020. “Eso no sale de la nada. Sale de que a miles de pacientes, los médicos no les han visto la cara durante meses, no les han tocado un pelo y no les han hecho analíticas. Así sería un milagro diagnosticar un cáncer”, señala.
Por ello, confía en que tras investigar los casos y conocer los testimonios de las familias afectadas, la justicia actúe. “Espero que esté a la altura de los ciudadanos, frente a una sanidad pública que no lo ha estado”, concluye.
