En los últimos tres meses, componentes de Protección de la Naturaleza y de Fiscal y Fronteras, en el marco de las actuaciones dirigidas al control de talleres mecánicos y a la verificación del cumplimiento de la legislación medioambiental en materia de residuos, descubrieron varias instalaciones relacionadas con el sector del automóvil donde se realizaban reparaciones mecánicas al margen de la legalidad vigente.
Se trata de cinco talleres mecánicos localizados en Valverde del Majano (2), Tabanera del Monte, Navas de Oro y Espirdo y un negocio de venta de automóviles de ocasión ubicado en el barrio de Zamarramala.
En todos ellos se localizaron vehículos dispuestos para su arreglo, diferente maquinaria y herramientas de reparación y piezas de sustitución. Además, en varios se hallaron residuos generados en este tipo de instalaciones, tales como aceites, filtros y neumáticos usados, sin contar con la documentación necesaria para su producción, gestión y control. Algunos de estos residuos se encontraban depositados a la intemperie sin un sistema que garantizase su recogida en caso de derrame y desprovistos de la identificación obligatoria para los residuos peligrosos; habiendo llegado a observarse vertidos de aceite usado directamente sobre el terreno sin aislar.
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En uno de los talleres descubiertos, las reparaciones mecánicas se efectuaban en dos casetas rudimentarias construidas con chapa, madera y otros restos, ubicadas en un terreno rústico, empleando la caja de un camión como almacén.
Todas las instalaciones localizadas carecían de la correspondiente inscripción en el registro Industrial, así como de la autorización ambiental municipal. Aquellas que generaban residuos no tenían la documentación exigida para su gestión y control. Igualmente, se detectaron varias infracciones en materia tributaria y del régimen de la seguridad social.
Como consecuencia de estas actuaciones, se formularon las correspondientes denuncias administrativas que fueron remitidas a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y de Industria de la Junta de Castilla y León, a los Ayuntamientos de las localidades donde se ejercían las actividades, a la Delegación de Hacienda y a la Jefatura Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social