Todos los miembros del comité de retribuciones y el consejo de administración de Caja Segovia deberán declarar como imputados por el caso de las indemnizaciones y prejubilaciones de directivos de la extinta entidad financiera aprobadas entre 2008 y 2010, antes de su integración en Bankia.
Tal y como informan hoy los diarios El Adelantado y El Norte de Castilla, el Juzgado de Instrucción número 2 de Segovia ha admitido la petición que la Fiscalía firmó el pasado 31 de octubre para que los miembros de los citados organismos sean citados “de forma secuencial” por el juez.
En su escrito, el Ministerio Público consideraba “imprescindible” la adopción de esta medida para “avanzar en la investigación”, lo que en la práctica supondrá acceder al contenido de las actas de los consejos en los que se aprobaron los acuerdos adoptados el 20 de noviembre de 2008 y el 22 de diciembre de 2010. O lo que es lo mismo, la documentación que la Fiscalía ya requirió el pasado mes de abril y que no fue facilitada por Bankia ni la junta gestora de la transformación de la caja en fundación.
“En primera instancia”, la Fiscalía pedía que fueran citadas las personas que asistieron a las sesiones del comité de retribuciones de las dos fechas citadas: Atilano Soto Rábanos, exdirector de Caja Segovia, como presidente del comité; Manuel Agudiez Calvo, exvicepresidente, como vocal; Elena García Gil, actual miembro de la Obra Social, como secretaria; Manuel Escribano Soto, como director general de la caja de ahorros, a quien le estaba encomendada la presentación de las propuestas y asistía, con voz pero sin voto, a las sesiones del comité; y Antonio Ruiz Tapias Domínguez, como secretario general de la caja, que asistía en sus funciones, sin derecho a voto, a la secretaria del comité.
Asimismo, el Ministerio Fiscal subrayó en su petición que Soto Rábanos, Agudiez Calvo y García Gil, por ser también miembros del Consejo de Administración, “podrán ser interrogados sobre aspectos atinentes al funcionamiento y papel de éste en los extremos que se pretende establecer”.
En esta línea, solicitó que “a continuación” el juez proceda a tomar declaración, también en calidad de imputados, al resto de miembros del consejo de administración: Miguel Ángel Vicente Martín (vicepresidente de la Diputación de Segovia), Fernando Aceves González, Eduardo Pastor, Pedro Arahuetes García (alcalde de Segovia), Manuel Berzal Lobo, Bonifacio García de Frutos, Fidel García Fernández, José Pablo Lozoya Martín, María Concepción Monte de la Cruz, José Pedro Palomo Hernángomez (presidente de la Federación Empresarial Segoviana), Juan Manuel de la Puente Clemente, José Luis Sanz Merino (vicepresidente de la Diputación de Segovia), Javier Vicente Santamaría Herranz (senador del PP) y Juan José Sanz Vitorio (portavoz adjunto del PP en las Cortes).
Posible declaración ante el Supremo
No obstante, como advirtió el Ministerio Fiscal, Santamaría Herranz y Sanz Vitorio tienen la condición de aforados por ser parlamentarios autonómico y nacional, respectivamente, por lo que deben contar con el suplicatorio de las Cortes Regionales y el Supremo para que puedan ser imputados. Así, si el juez no realiza ninguna petición expresa, todos los llamados a declarar tendrán que acudir al Tribunal Supremo, que es la institución a la que correspondería la instrucción por jerarquía, y el Juzgado de Segovia debería inhibirse a su favor.
La causa de las prejubilaciones multimillonarias a directivos de Caja Segovia se abrió a finales de 2011 a raíz de la denuncia que presentó Unión Progreso y Democracia (UPyD), que sostiene que nueve miembros del comité de dirección han percibido o percibirán, en su conjunto, entre 30 y 40 millones de euros.
