CSIF denuncia que Justicia no hace los reconocimientos médicos a sus trabajadores desde 2019
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El año 2021 puede ser el tercer año en el que los trabajadores de Justicia no tengan el reconocimiento médico que les corresponde, como a cualquier trabajador, sea del ámbito que sea, lo que vulnera la Ley de Prevención y Riesgos Laborales.
CSIF explica que ha tenido conocimiento de que la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia ha desistido unilateralmente de expediente de contratación abierto en el 2019, para la contratación de la vigilancia de la salud; lo cual provocará nuevos retrasos a la hora de programar los reconocimientos médicos a los trabajadores.
Es por ello que CSIF se ha dirigido al Ministerio para reclamarle que, de manera inmediata, proceda a realizar cuantas gestiones sean necesarias para cumplir con la obligación legal de vigilancia de la salud que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter periódico.
“Una vez más, se muestra la absoluta falta de previsión y coordinación del Ministerio en materia de Prevención de Riesgos Laborales, que merma los derechos de los trabajadores del ámbito no transferido”, asegura CSIF. “No cabe excusarse en la situación de pandemia vivida a lo largo del 2020, puesto que ya desde el 2019 no se programaron nuevos reconocimientos médicos, y los que se hicieron en ese ejercicio si correspondían con la programación del 2018”, indica.
Durante el 2020, únicamente, se ha acudido a un servicio de prevención ajeno para la valoración de los trabajadores con patologías de riesgo en relación con la Covid-19, y actualmente con la decisión respecto a los casos positivos y sus circunstancias, añade.
Tampoco cabe hablar de imposibilidad, según CSIF, puesto que otros colectivos, sin ir más lejos el Consejo General del Poder Judicial, sí que han realizado los reconocimientos médicos a lo largo del mes de junio del año pasado.
A esta reclamación de los reconocimientos médicos, se unen otras efectuadas en los últimos días, como la dotación de mascarillas FFP2 a todos los funcionarios de la Administración de Justicia, y en particular a aquellos que, por motivo de las funciones que desempeñan, se encuentran más expuestos al contagio de la Covid-19. También se ha insistido al Ministerio en la necesidad de dotar de filtros HEPA a los sistemas de renovación del aire en los edificios judiciales, y la importancia de realizar mediciones periódicas de CO2, que garanticen la adecuada calidad del aire de las sedes judiciales.
