El Sindicato Independiente de Cajas y Afines (CSICA), que representa a 21.000 empleados del sector, exige que al Gobierno que los directivos e integrantes políticos de las cajas de ahorros sean juzgados y paguen, como cualquier ciudadano, por la situación de quiebra en la que algunas entidades se encuentran, fruto de su nefasta gestión. CSICA, que concluye su Congreso Anual en Segovia, reafirma su posición como “sindicato independiente” frente a los “sindicatos tradicionales” que mueven sus hilos “en base a intereses políticos”. Para los cerca de 120 delegados sindicales procedentes de todas las entidades, la sociedad ha vivido “de forma precipitada” las fusiones, “asistiendo de forma pasiva a la destrucción de la Obra Social, escondida tras los escándalos de los directivos y políticos”. Así lo considera el presidente de la organización, Luis Alameda, que lamenta la “ausencia de movilización” de la sociedad.

En Segovia, el sindicato independiente asegura que “el presente, condicionado por los errores del pasado, está aquí y no podemos soslayarlo”. En este sentido, el secretario general, Lorenzo Martín, afirma que “sabíamos -y en su momento advertimos- que las fusiones y los SIPS no obedecieron a una lógica de utilidad económica y social; por el contrario, respondieron, de manera real, a un pretendido control político (territorial) y de mantenimiento de las prebendas (poltronas) de los máximos representantes de las Cajas de Ahorro”. “Las consecuencias de aquel dislate son harto conocidas: algunas empresas han sido intervenidas y otras deberán acometer fusiones para salvaguardar su solvencia o viabilidad, hecho que conllevará nuevos cierres de oficinas y despidos de personal.”, lamentan.

 

CSICA, “bandera del sindicalismo independiente”

Para CSICA se abre una etapa, más o menos larga, de sindicalismo de “defensa”, en contraposición al eminentemente “reivindicativo” imperante hasta hace poco en un futuro inmediato que, sentencia el sindicato, “no rezuma optimismo”.

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