La Consejería de Empleo e Industria ha convocado hoy un paquete de subvenciones incluidas en el plan de medidas urgentes y extraordinarias para la protección del tejido económico y social frente a la emergencia del COVID-19, que fue acordado en el Consejo del Diálogo Social y refrendado después por la unanimidad de los grupos de las Cortes de Castilla y León.
En primer lugar, el Boletín Oficial de Castilla y León publica la orden de convocatoria del Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), dotado con 5,5 millones de euros. Ofrece una ayuda de 430 euros –equivalente al 80 % del IPREM– por un periodo mínimo de tres meses y un máximo de seis a las personas que no tienen ya ningún tipo de protección, a las que el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) acompañará con acciones de formación y orientación hacia su reinserción laboral.
La regulación de estos incentivos se ha redefinido para amparar a trabajadores por cuenta ajena que se han quedado sin empleo como consecuencia de la pandemia; a los autónomos que se han visto obligados a abandonar definitivamente su negocio por el mismo motivo; a las personas con cargas familiares cotizantes en el Régimen Especial de Empleados del Hogar que han visto rescindidos sus contratos, y en general, a los colectivos que por sus circunstancias sociolaborales pueden resultar más afectados por esta crisis.
En todos los casos es requisito imprescindible para percibir la ayuda que el beneficiario haya agotado antes todos los subsidios y prestaciones habilitados dentro del sistema de protección estatal y autonómico.
Por otra parte, el objetivo esencial del PIE que gestiona Ecyl es mejorar la inserción laboral de los desempleados, por lo que sus destinatarios deben participar en los itinerarios personalizados y en las acciones de orientación y formación que se les propongan para reforzar su empleabilidad.
Apoyo para que los autónomos sigan adelante
La segunda línea de subvenciones convocada hoy permitirá a los trabajadores por cuenta propia disfrutar durante seis meses más de la tarifa plana, es decir, de una cuota de cotización reducida. El objetivo de esta medida es apoyar a los autónomos que continúan su actividad pese a las dificultades originadas por esta crisis.
A estas ayudas pueden acceder todas las personas incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos (RETA) o en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2018 y el 30 de junio de 2019, que estuvieran acogidas a la tarifa plana estatal.
Los beneficiarios podrán prolongar seis meses más la cuota reducida de la que venían disfrutando, lo que implica que los autónomos adscritos al RETA abonarán 60 euros de cotización (o 50 si pertenecen al Sistema Especial para agrarios) durante un total de 18 meses –en el caso de que su negocio se ubique en un municipio de más de 5.000 habitantes– o a lo largo de 30 meses –si desarrollan su actividad en el medio rural–.
De este modo, los trabajadores por cuenta propia de Castilla y León se beneficiarán de una ayuda de hasta 475 euros, lo que contribuirá a aliviar su liquidez en este contexto de crisis económica como consecuencia de la pandemia por coronavirus. El crédito inicial asignado a esta línea de subvenciones asciende a 500.000 euros, si bien esta cuantía se duplicará si fuera preciso hasta alcanzar el millón de euros, tal y como se había comprometido en el marco del Diálogo Social.
Refuerzo para mantener la ocupación de los más vulnerables
Asimismo, la Consejería de Empleo e Industria ha aprobado la modificación de una convocatoria de incentivos a los Centros Especiales de Empleo por la que se establece un apoyo adicional a estas entidades, con el reto de ayudarles a mantener la ocupación de las personas más vulnerables.
Así, se habilita un complemento salarial de refuerzo equivalente al 25 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para trabajadores con discapacidad y especiales dificultades de inserción. También se adelanta el periodo de solicitud establecido con el fin de resolver los expedientes con mayor agilidad.
Esta línea, dotada con 500.000 euros, también forma parte del plan de medidas urgentes y extraordinarias aprobado en Castilla y León para paliar las consecuencias del COVID-19 sobre el tejido productivo y social.
