La Junta de Castilla y León establece a partir de mañana el cierre, a las 20.00 horas, de los establecimientos -incluida la hostelería y el comercio-, los servicios y actividades culturales no esenciales, con el objetivo de evitar contagios de COVID-19 y reducir los contactos entre las personas. Este miércoles, 17 de febrero, se publicará este nuevo acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), que estará vigente hasta las 23.59 horas del 23 febrero, informa Ical.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, compareció por videoconferencia horas después de conocerse el auto del Tribunal Supremo que admite la medida cautelar solicitada por el Gobierno para suspender la aplicación del adelanto del toque de queda a las 20 horas en la Comunidad, vigente desde hace un mes.
En ese sentido, el presidente de la Junta informó de la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario de forma telemática para adoptar una nueva medida, al tiempo que acordó de nuevo situar la restricción de la movilidad nocturna entre las 22 horas y las seis de la mañana.
“Asumimos la decisión del Tribunal Supremo y también insistimos en que el toque de queda ha sido uno de los elementos fundamentales para frenar la pandemia”, afirmó el presidente de la Comunidad, que destacó que de forma inmediata, tras conocer el auto, firmó un acuerdo para dar el “debido cumplimiento” al mismo. “Siempre he dicho, que somos garantes y cumplidores del estado de derecho”, apostilló.
El presidente de la Comunidad aclaró que el auto del Supremo es efectivo hoy mismo, por lo que la restricción de la movilidad se atrasa ya a las 22 horas, si bien recomendó cumplir lo fijado hasta ahora. Mañana, indicó se publicará el Bocyl que recogerá el nuevo horario, puesto que argumentó no ha sido posible hacerlo hoy al haber salido ya el Boletín.
También Fernández Mañueco reclamó una modificación de la normativa sanitaria para no tener que recurrir al estado de alarma, al tiempo que avanzó que solicitará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de una Conferencia de Presidentes, ya que la última se celebró el pasado 26 de octubre.
El presidente de la Junta de Castilla y León firmó un acuerdo con fecha 15 de enero, que fijó a las 20 horas la hora de comienzo de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno dentro de las medidas para frenar la propagación del COVID-19 en esta tercera ola de la pandemia.
Tras presentar un recurso el Gobierno, en el que solicitó medidas cautelares, el Ejecutivo autonómico argumentó que priorizaba el derecho a la vida en sus alegaciones y defendió que esta medida era necesaria para reducir los contagios. También expuso que esta decisión se adoptó para proteger la vida -conforme a una sentencia del Tribunal Constitucional- y hacer el menor daño a la economía.
Excepciones al cierre
Las excepciones al cierre a las 20 horas, que vigente desde mañana, no se aplicará a establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad; los centros, servicios y establecimientos sanitarios; los centros o clínicas veterinarias; los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales cuya actividad no esté suspendida; y servicios de naturaleza análoga.
Tampoco afectará a los establecimientos dedicados a la venta de combustible para la automoción y calefacción; los servicios de alquiler de vehículos y estaciones de inspección técnica de vehículos; los comedores sociales y demás establecimientos para la entrega y reparto de alimentos con carácter solidario o benéfico; los velatorios; la práctica de la actividad deportiva permitida, así como aquellas actividades deportivas individuales al aire libre; los servicios profesionales, de seguros y de empleados de hogar; los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, así como todos aquellos establecimientos, actividades y servicios que deban asegurar el mantenimiento de los mismos.
Finalmente, la Junta deja fuera del cierre a las 20 horas a los centros docentes, las universidades, las entidades de formación acreditadas, las escuelas municipales de música y danza y las actividades de restauración permitidas. Además, recordó que ha recabado “la cooperación y colaboración” de la Delegación del Gobierno y de los ayuntamientos para el control y aplicación de las medidas adoptadas a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de las policías locales.