El auto de la Sala 1ª de Audiencia Provincial de Segovia del pasado 21 de enero, que declara ilícitas las escuchas y los micros en los coches en la operación antidroga ‘Resurgir’ de la Guardia Civil y Policía Nacional en junio del 2019, marcó hoy la primera jornada del juicio oral contra 12 detenidos en Segovia, que se acogieron a su derecho a no declarar o sólo contestaron al presidente de Sala y a su abogado. La Audiencia de Segovia juzgará este caso hasta el jueves. La Fiscalía pide un total de 80 años por los delitos contra la Salud Pública y por pertenencia a organización criminal, informa Ical.
La abogada defensora de dos de los acusados, María Teresa Quintana, agradeció “la valentía” de los magistrados de la Sala 1ª por emitir un auto “sorprendente” y “supergarantista” en los tiempos de corren. Para Quintana, demostraron tener una gran vocación de servicio público a la sociedad, al ser Segovia una ciudad pequeña, donde se conocen perfectamente a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el juez que llevó las actuaciones de la operación y dio las autorizaciones. Para esta abogada, “no todo vale” para llevar al lícito penal porque hay líneas que no se pueden cruzar. “Si no sería la selva y para eso está el ordenamiento jurídico y el estado de Derecho”.
El abogado segoviano Israel Tapias, que defiende a otros dos de acusados en este juicio, compartió con su compañera la importancia que tiene este auto que anula pruebas fundamentales como son las escuchas y los micros que se pusieron en los coches. “El fiscal se ha agarrado a lo poco que tiene para poder avanzar en el procedimiento”, explicó, ya que considera que respecto a sus clientes “no tiene ninguna prueba para sustentar una acusación contra ellos”.
En la primera sesión de juicio, los doce acusados se acogieron a su derecho a no declarar o se limitaron a contestar brevemente a las preguntas de su letrados. Ante el presidente de la Sala y de la Audiencia de Segovia, Ignacio Pando, negaron su implicación los delitos que se les imputan contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. Los magistrados también escucharon la declaración de cinco testigos.
Según los abogados defensores, el Ministerio Fiscal intentará en las siguientes jornadas con los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil aportar alguna cosa más que avale su petición global de 80 años de prisión. La operación ‘Resurgir’ tuvo tres escenarios en Segovia capital, Madrid y la localidad burgalesa de Miranda de Ebro.
Según los datos aportados tras la operación a finales de junio de 2019 por el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia, pudieron confirmar que un miembro de la organización viajaba a Colombia e iba a traer una importante cantidad de droga. El 24 de mayo, se localizó en el aeropuerto de Madrid a un viajero que llevaba oculta en dobles fondos de maletas, casi 11,4 kilos de extrema pureza.
El siguiente paso fue justo un mes después, con registros simultáneos en Madrid y Segovia, los días 24 y 25 junio, con una amplio y llamativo despliegue de medios en varios barrios de la capital. Mientras que en Leganés se detuvo a una persona en la vía pública y a otra en un domicilio, que era el laboratorio donde se cocinaba la droga para “multiplicar por dos, tres o cuatro”, según detalló la entonces delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín.
La Policía Nacional y la Guardia Civil de Segovia desarrollaron sendos operativos que formaban parte de la misma investigación en diferentes controles de los puntos de distribución y venta en varios barrios de la ciudad. En el transcurso de este procedimiento policial se pudo vincular a esta organización dedicada al tráfico de drogas con el asesinato de un escayolista en Miranda de Ebro, cuando un miembro de la organización que se encargaba de la custodia de la droga apareció muerto en el río tras recibir un disparo por un miembro de la banda, que ya está en prisión. También hay otros dos hombres implicados en estas causa en la cárcel por delitos de robo.
