Comisiones Obreras defiende la reforma de la normativa electoral para introducir cambios en la división de circunscripciones para las elecciones autonómicas. Plantea crear una general para la Comunidad, que se sumaría a las provinciales, lo que unido a un sistema proporcional puro establecería un reparto de procuradores en las Cortes más acorde con el porcentaje de voto obtenido en las urnas. Además, para mejorar e incrementar los cauces de participación ciudadana plantea una ley sobre el referéndum en Castilla y León.

Estas propuestas forman parte del documento ‘Más y mejor democracia en Castilla y León’, aprobado por la Comisión Ejecutiva Regional de CCOO el pasado 29 de septiembre. Este informe se remitirá a los presidentes de la Junta y las Cortes, Juan Vicente Herrera y Josefa García Cirac; a los portavoces de los grupos parlamentarios, al Consejo de Cuentas, al Procurador del Común, al Consejo Económico y Social y al Consejo Consultivo, así como a los responsables autonómicos de UPyD (Unión Progreso y Democracia) y de una treintena de organizaciones y asociaciones.

El documento se estructura en cuatro bloques: Iniciativa Legislativa Popular (ILP), Comisiones parlamentarias, Derecho de consulta ciudadana y Normativa electoral, según indicó hoy el secretario autonómico de CCOO, Ángel Hernández. Además, precisó que las medidas pretenden enriquecer el debate abierto sobre los cauces de participación ciudadana abierto en el Parlamento autonómico, tras el debate de investidura del Herrera. También, reconoció que algunas exigen reformar el Estatuto de Autonomía.

Asimismo, Hernández confió en que se logre un punto de acuerdo entre estas medidas y las esbozadas por los grupos políticos en la mesa de trabajo de las Cortes. Según los dirigentes de CCOO, los cambios propuestos por el sindicato sobre el sistema electoral no obligarían a reformar la Constitución puesto que se establece que será un sistema proporcional, ya que no se precisa que será a través de la Ley D’Hont.

El secretario autonómico de CCOO planteó que se establezca una nueva circunscripción de carácter autonómico que deberían encabezar los candidatos a la Presidencia de la Junta y que determinaría la elección de 13 procuradores. A ésta se sumaría las provinciales, por lo que la votación sería doble, ya que habría que elegir a parlamentarios por la provincia y por la Comunidad. Además, defendió rebaja a dos el número de procuradores asignados a las provincias y elevar de 45.000 a 50.000 el número de habitantes por procurador. Según Hernández, esta medida conseguiría reducir el “déficit” de unidad en Castilla y León.

También, sostuvo que debería aplicarse un sistema proporcional puro, lo que permitiría la entrada en el parlamento autonómico de otras fuerzas que consiguen más del tres por ciento de los votos. Además, la propuesta de CCOO también recoge la posibilidad de que los votantes puedan reordenar los candidatos de las listas presentadas por los partidos.

 

Consulta e intervención parlamentaria

Hernández explicó que se debe elaborar una ley de referéndum de Castilla y León para regular los detalles de estas consultas, así como su carácter vinculante o consultivo. También, defendió que se pueda solicitar uno con el aval del tres por ciento de los electores de la Comunidad, así como la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para recoger estas rúbricas. Además, propuso regular este derecho en el ámbito municipal.

Respecto a la participación en las comisiones parlamentarias, Hernández indicó que sindicato plantea la posibilidad de que se creen por solicitud de los ciudadanos o de organizaciones sociales, así como que se reduzca el número de apoyos entre los parlamentarios para que pedir comparecencias.

 

Iniciativa legislativa 

Sobre la presentación de iniciativas legislativas populares, Hernández planteó que se reduzca a 20.000 el número de firmas exigidas, así como que se permitiera a los extranjeros residentes y a los jóvenes de 16 a 18 años solicitarlas. También, CCOO propone la revisión de las materias excluidas, que se permita la intervención parlamentaria de sus promotores, así como que se ofrezca asesoramiento jurídico.

También, la organización sindical propuso establecer una segunda instancia para las ILP que se rechacen y permitir su retirada en caso de que las enmiendas puedan alterar su sentido. Además, la central cree que se debería obligar a convocar un referéndum en el caso de que estas iniciativas estuvieran avaladas por el tres por ciento de los electores y sus promotores consideren que el proyecto aprobado diverge del propuesto.

 

Buenas palabras

Finalmente, Ángel Hernández precisó que estas medidas no pretenden que las Cortes debatan la “primera ocurrencia” de organizaciones sociales o ciudadanos, sino que se de un “reflejo” a las cuestiones de actualidad y que preocupan a los castellanos y leoneses. El dirigente de CCOO sostuvo que en ocasiones la sociedad civil se “topan con buenas palabras” y “poca efectividad” en sus propuestas.