La LXXIX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales aprobó la distribución de los fondos de las políticas activas de empleo para el presente ejercicio 2021, reparto que destina a Castilla y León una asignación económica de 131 millones de euros, que se distribuyen en tres grandes ejes: fondos para incentivos al empleo, para la modernización de los servicios públicos de empleo y para formación, informa Ical.
Durante el encuentro, celebrado por videoconferencia, la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, solicitó a la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, una mayor autonomía de los gobiernos autonómicos a la hora de “ejecutar y decidir” el destino de estos fondos, especialmente en determinadas partidas como la prevista para la construcción de la nueva Red de Centros Públicos de Orientación. Al respecto, abogó por tener en cuenta que “ni los recursos disponibles ni las necesidades son iguales en todos los territorios”. También reclamó esta flexibilidad para los plazos de ejecución ante la demora que las comunidades están sufriendo en la recepción de los fondos, cuya distribución final ha sido aprobada hoy.
La Junta también valoró que se persiga una mayor coordinación entre los servicios públicos de Empleo autonómicos y el SEPE estatal, pero defendió que “puede realizarse sin necesidad de nuevas construcciones físicas que puedan suponer un incremento del gasto corriente en detrimento de los recursos de las políticas activas de empleo”.
Amigo reclamó sobre todo flexibilidad en las partidas previstas para construir en todo el territorio nacional una Red de Centros Públicos de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo. Según el Ministerio, esta Red tiene como objetivo principal garantizar la colaboración y coordinación entre los servicios de empleo de las comunidades autónomas y el servicio estatal.
La propuesta planteada por el Ministerio supone la construcción de un total de 20 nuevos centros en toda España, con su correspondiente equipamiento y personal, “una dotación que podría cubrirse con espacios ya existentes, destinando esos fondos a medidas de fomento del empleo, mejora de empleabilidad o mejora de los espacios y equipamientos ya disponibles”, según especificó Amigo.
Por otra parte, los costes de mantenimiento, así como los de personal generados por estas nuevas infraestructuras, “deberán correr, en futuro, a cargo de las comunidades autónomas, lo que supone también detraer fondos de las políticas activas de empleo a medio y largo plazo”. De ahí que Castilla y León haya defendido la “flexibilidad para que los gobiernos autonómicos puedan decidir el destino de los fondos según sus necesidades”.
Igualmente, la consejera reclamó que esa flexibilidad se aplique a otras medidas y líneas que se contemplan como fondos finalistas, así como al periodo de ejecución y justificación de los mismos, teniendo en cuenta tanto el “retraso en su aprobación como los condicionantes que todavía se mantienen por la situación sanitaria para el desarrollo de algunos programas”.
