Castilla y León permitirá el cobro simultáneo la Renta Garantizada de Ciudadanía y el Ingreso Mínimo Vital
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El secretario general del PPCyL, Francisco Vázquez, anunció hoy que la Junta, “en fechas próximas”, iniciará la tramitación, en las Cortes Regionales, del anteproyecto de ley para la modificación de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) para que esta ayuda regional sea compatible con la percepción de otras ayudas y concretamente el Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Gobierno de España. Para Vázquez, esta medida del vicepresidente Pablo Iglesias es “pura política y publicidad”.
Francisco Vázquez lamentó que Iglesias descubriera tarde, con diez años de retraso, la gestión de la Junta de Castilla y León con la Renta Garantizada de Ciudadanía y además, que sólo permitiría a Navarra y el País Vasco la gestión autonómica del IMV. La Junta toma esta decisión de modificar su ayuda porque esta renta es incompatible con otras percepciones. Para Vázquez, esta medida ha resultado «superfluo y contraproducente» para los castellanos y leoneses.
Vázquez calificó de “nefasta gestión” y “desastre absoluto” la situación en la que quedan muchas familias que solicitaron el IMV, un total de 1.650 familias, frente a las cerca de 9.200 que cobraban la Renta Garantizada de la Junta.
El Gobierno sólo ha resuelto el 4 por ciento de las peticiones del IMV. Además, la cuantía que se percibe es menor. Según Vázquez, frente a los 565 euros de la RGC de Castilla y León han pasado a 244,16 euros. “Un tercio de las personas que antes cobraban la Renta Garantizada se han visto muy perjudicadas al pasar al Ingreso Mínimo, pasando de 565 euros a 244 euros”, resumió
El secretario general del PP en Castilla y León recordó que la Comunidad lleva 10 años gestionando esta ayuda con una inversión de 550 millones de euros. Además de llegar a los 79 millones de euros anuales para las familias más vulnerables.
Según los datos de los populares, desde que se aprobó la ayuda estatal y a fecha de hoy, se ha reconocido la prestación del IMV a 1.655 personas que cobraban la autonómica, y de ellas, un 33 por ciento 548 personas, perciben menos cuantía del Ingreso Mínimo Vital.
Para compensar este desequilibrio económico, en las Cortes de Castilla y León, iniciará en “fechas próximas” la tramitación de una ley con carácter de urgencia que permita al titular de la renta garantizada de ciudadanía compatibilizar esta prestación con lo que deben percibir del Ingreso Mínimo Vital, con el fin de que puedan recibir, como mínimo, el importe que venían percibiendo con la Renta Garantizada.
“Esta modificación podíamos haberla iniciado antes si el Gobierno de España hubiera actuado con lealtad”, sostuvo porque la Junta conoció el texto de la Ley del Ingreso Mínimo por el BOE, lo que demuestra que la prioridad del Gobierno de España no son las familias con menos recursos, sino la venta política.
