Castilla y León es la autonomía que más sufre la exclusión financiera. Un informe del Banco de España asegura que 371.366 castellanos y leoneses no tienen posibilidad directa de obtener efectivo, lo que supone el 15,6 por ciento de la población. En España, el dato global es de 1,18 millones de personas en esta situación, el 2,5 por ciento.
La Comunidad es así la «más vulnerable» en el acceso al dinero en efectivo de su población tras el cierre continuado de sucursales en los últimos lustros, que han dejado la cifra en 3.795 oficinas.
El dato es muy dramático si se observa la evolución por provincias. Zamora y Ávila encabezan este negativo ránking nacional. El 27,8 por ciento de los zamoranos no cuenta con una entidad bancaria en su localidad para poder acceder al efectivo. O lo que es lo mismo, 47.354 habitantes de la provincia, casi uno de cada tres, debe utilizar un vehículo para salir del municipio y llenarse el bolsillo. Esto supone que a día de hoy se contabilizan 201 localidades con ayuntamiento sin punto de acceso y solo 47 con él. Lo peor, es que el 18,7 por ciento de la población se encuentra en alta vulnerabilidad, es decir, muy alejados de ese acceso económico.
No se presenta mucho mejor el escenario en Ávila, con un 21 por ciento de su población (33.168 habitantes) en esta situación, con 212 municipios sin acceso y solo 36 con él. De hecho, el Banco de España señala que ambas provincias son las que presentan menores ratios de población con un punto tradicional de acceso al efectivo en un radio de cinco kilómetros (el 81 y el 85 por ciento, respectivamente).
El informe argumenta que esta significativa diferencia con respecto a otras provincias españolas se explica por su menor densidad de población, así como por otros factores, como la “orografía del territorio que han hecho que, históricamente, la cobertura de la red de oficinas y de cajeros automáticos en estas zonas del país haya sido menor y se haya tenido que ver compensada, en parte, por soluciones alternativas, como agentes financieros u oficinas móviles”. A esto se suma el proceso de consolidación bancaria de los últimos años, que “ha intensificado una situación cuyo punto de partida ya era menos favorable”.
En Castilla y León, ocho de cada diez municipios, es decir, 1.817, carecen en la actualidad de oficinas y cajeros bancarios, una cifra que, por otro lado, representa el 45 por ciento de todos los que se encuentran en España en esta situación, que suman 4.115 y que son la mitad de los 8.131 de todo el país. El dato habla por sí solo. La Comunidad cuenta con 45 de cada 100 municipios del conjunto nacional en los que no hay cajeros ni entidades bancarias.
Si las cifras de Zamora y Ávila destacan a nivel nacional, no son mejores los que llegan por detrás. De hecho, solo la provincia de Valladolid cuenta con porcentajes de un dígito, ya que un 6,5 por ciento de su población no cuenta con acceso a este tipo de instrumentos para conseguir efectivo, 47.354 personas, que se asientan en 173 municipios. El porcentaje es similar al de comunidades uniprovinciales, como Navarra o Cantabria (6,3 por ciento y 5,4 por ciento), pero muy alejadas de los centros económicos del país, donde no superan el uno por ciento, caso de Madrid o Sevilla. Llaman la atención Baleares, Tenerife, Cádiz y Murcia, donde el cien por cien de su población cuenta con acceso a cajeros.
En este escenario, Segovia cuenta con un 19,9 por ciento de personas sin acceso a este tipo de herramientas para obtener efectivo, es decir, 30.511 segovianos, provincia en la que solo 160 municipios cuentan con cajero; le siguen Salamanca, con el 18,7 por ciento (61.447 personas y 305 ayuntamientos sin acceso); y Palencia, con el 18,2 por ciento de su población en situación de vulnerabilidad (29.231 palentinos y 162 pueblos sin cajero o entidad financiera).
Por debajo, León, con el 16,5 por ciento, pero con el mayor número de afectados de forma absoluta, con 75.460 personas y 143 municipios en blanco; Burgos, con el 13,7 por ciento (49.122 personas y 311 municipios sin posibilidad de obtener efectivo); y Soria, con el 12,9 por ciento (11.443 sorianos que residen en 150 entidades locales sin acceso a puntos de este tipo y solo 33 con ellos).
Recomendaciones
El Banco de España explica que la infraestructura tradicional de acceso al efectivo en España “necesita impulsar soluciones alternativas para garantizar el acceso al efectivo ante la previsible reducción de oficinas y cajeros automáticos derivada del incremento de la digitalización y la búsqueda de una mayor eficiencia por parte de las entidades de crédito”.
Esta conclusión se divulga en un periodo de consolidación dentro del sector financiero, “que ha intensificado una situación cuyo punto de partida ya era menos favorable”. Ahora, el Banco de España pide implementar otras soluciones, aunque admite que, “por sus limitaciones actuales, no pueden sustituir completamente el abanico de servicios que prestan dichos canales”. Entre dichas alternativas, el organismo apuntó a las oficinas móviles, agentes financieros, el uso de las oficinas de Correos y la retirada de efectivo en un establecimiento comercial.
En España, desde 2008, el número de oficinas bancarias ha disminuido cerca del 50 por ciento y el total de cajeros automáticos se ha recortado un 20 por el profundo proceso de consolidación del sector.
Aún, así la infraestructura existente a finales del pasado año implica que aún hay 1,5 puntos de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes del territorio español. Sin embargo, el Banco de España señaló que la distribución geográfica de los cajeros y sucursales es “heterogénea” a nivel regional y da lugar a múltiples desigualdades. “Ello implica que una parte de la población, que vive en zonas con menor densidad, carece de un punto de acceso al afectivo en su municipio y en un radio de cinco kilómetros. En caso de un hipotético cierre de algunos puntos existentes, la población afectada seri?a sustancialmente mayor”, prosigue el Banco de España.
En este contexto, la mayor parte de la población española vive en localidades con un nivel bajo o muy bajo de vulnerabilidad, pero, aproximadamente un tres por ciento de los ciudadanos se encuentra en una situación de vulnerabilidad media o alta en términos de acceso al efectivo.
En concreto, alrededor de 340.000 personas viven en municipios con una vulnerabilidad alta (un 0,7 por ciento de la población española). Estos municipios se caracterizan por no contar con puntos tradicionales de acceso al efectivo, la distancia media al más próximo es de 9,4 kilómetros, la población mayor de 60 años supera el 40 por ciento del total y la renta disponible está por debajo de la media nacional.
En líeneas generales, son municipios pequeños, con una población media de 400 habitantes. Las provincias de León, Salamanca y Zamora concentran la mayor parte de la población en municipios considerados de muy alta vulnerabilidad en el acceso al efectivo.
En paralelo, cerca de un millón de ciudadanos viven en municipios con una vulnerabilidad media en el acceso al efectivo. En proporción, cuentan con 0,6 puntos de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes, la distancia media es de tres kilómetros, el porcentaje de población mayor de 60 años supera el 35 por ciento del total y la renta disponible está por debajo de la media nacional.