El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) ha publicado el Decreto de Precios Públicos en Servicios Sociales que provoca un cambio radical en el modelo asistencial de la Comunidad, ya que unifica los criterios de acceso de las personas mayores y de los discapacitados a los centros residenciales y de día, establece el pago progresivo en función de la renta y el patrimonio de cada usuario, aumenta la cuantía para gastos personales que se deja a los beneficiarios e integra el proceso de dependencia en el conjunto de la red.
El modelo empezará a aplicarse a los nuevos usuarios el 1 de marzo de 2012 y al resto a comienzos de 2013. La principal novedad que introduce este decreto es que todas las personas mayores o con alguna discapacidad que accedan a una de las 18.048 plazas en centros asistenciales públicos o concertados dependientes de la Junta serán valoradas siguiendo el mismo criterio económico, tengan o no reconocido algún grado de dependencia, y que su aportación ya no será lineal (idéntica para todos), sino progresiva (pagará más el que más recursos tenga), lo que beneficia a las personas con las rentas más bajas.
Además, se realizará un cómputo de la renta y el patrimonio individual y no del familiar como hasta ahora, y el patrimonio quedará bastante limitado, porque se introducen numerosas exenciones a la hora de utilizarlo para pagar el centro, como para los menores de 35 años y hasta 40 veces el IPREM, para facilitar la autonomía de las personas mayores y con alguna discapacidad.
Asimismo, los usuarios tendrán que hacer una aportación máxima del 90 por ciento del precio y en ningún caso se generará deuda cuando hasta ahora abonaban el 75 por ciento de su pensión cada mes y el resto sumaba una deuda que se solía cobrar cuando la persona había fallecido en la mayoría de los casos.
Otra novedad relevante es el aumento de la cuantía para gastos personales, conocida como ‘gastos de bolsillo’, que pasa de los 61,56 euros actuales a 347,6 euros para los usuarios de los centros de día y de entre 114,8 y 256,68 euros para los que viven en residencias. También se sustituye la aportación por meses completos por una variable en función de los días de servicio recibido, la intensidad, la cobertura y el tipo de plaza.
Con todo ello, se establece un precio público por día para cada uno de los servicios utilizando criterios como el sector de la población al que pertenece el beneficiario (discapacitados o mayores), el subsector (discapacidad intelectual, física, autismo o enfermedad mental), tipología del centro (residencia, vivienda o centro de día), tipología de la plaza y modalidad de usuario (grado de asistido, de afectación de la discapacidad o grado de dependencia) y cobertura del servicio (días de la semana y año).